Desde mediados de los 80 Gestoras Pro Amnistía dejó de ser "una simple ONG que se dedicaba a la asistencia de los presos y sus familiares" para pasar a formar parte de la estructura de la banda terrorista ETA. Así lo aseguraron los abogados de la AVT en el juicio contra 27 miembros de este colectivo que se celebra desde el pasado 21 de abril ante la Audiencia Nacional y que ya afronta su recta final. Los abogados de la AVT sostuvieron ante el tribunal que si bien Gestoras "no es un grupo armado", está probado que "está dentro de una organización terrorista" configurando uno de los "frentes" de ETA y actuando "en sincronía" y de forma "complementaria" a las acciones armadas de la banda.

Ayer fue la Fiscalía la que presentó su escrito de conclusiones, en el que el Ministerio Público solicita penas de entre diez y trece años para 24 de los 27 procesados que formaban parte de "una organización terrorista no armada" acatando "de cabo a rabo las instrucciones que ETA da a sus miembros", y hoy le tocó el turno a la AVT que ejerce la acusación popular en este macrojuicio que mañana quedará visto para sentencia.

La AVT se adhirió ayer al escrito de conclusiones presentado por el fiscal Carlos Bautista, que reclamó 13 años de cárcel para los líderes nacionales de Gestoras Juan María Olano, Julen Zelarain y Aitor Ángel Jugo por integración en organización terrorista en calidad de dirigentes y 10 años por idéntico delito para otros 21 miembros de este colectivo. Las acusaciones retiraron los cargos por falta de pruebas contra el titular del departamento de Ex Presos, Mitxel Sarasketa, el miembro de la Red Empresarial Jorge Luis Redondo y la responsable de Comunicación Maitane Méndez.

"Las defensas han querido presentar a Gestoras como una simple ONG que se dedicaba a la asistencia de los presos y sus familiares, y quizá lo fue en los setenta y a principios de los ochenta, pero a día de hoy existen pruebas suficientes para entender que eso no es así", afirmaron los abogados Juan Carlos Rodríguez Segura, Emilio Murcia u Manuela Rubio, durante la exposición de su informe de conclusiones definitivas, en la que sostuvo que "todos los acusados han colaborado de una u otra forma con la banda".

Y es que, a pesar de que no se trata de "un grupo armado" Gestoras está "dentro de una organización terrorista" y "cumple todos los requisitos que exige el Tribunal Supremo para ser considerada como tal", afirmó el letrado que se refirió específicamente al empleo de medios violentos, su estabilidad organizativa y la finalidad terrorista que guía sus actos. Así, Gestoras configuraba uno de los "frentes" de la banda, actuaba en "sincronía" con el resto de organizaciones del entramado etarra y, de hecho, compartía su misma financiación a través del denominado 'Proyecto Udaletxe'.

Además, la AVT señala que las tareas que desarrollaban los integrantes de esta organización pueden dividirse en dos bloques: por un lado, desarrollar "acciones complementarias de la lucha de ETA", como el señalamiento de víctimas y la coordinación de los actos de 'kale borroka' (violencia callejera); y, por otro, "mantener la cohesión interna" de la banda mediante las relaciones con presos y huidos y la captación de nuevos miembros.

El juicio se reanudará mañana con la lectura de conclusiones por parte de las defensas y el turno de última palabra para los acusados. Al comienzo del juicio, todos y cada uno de los acusados anunciaron su renuncia a su defensa jurídica al considerar que la sentencia se encontraba "escrita". En consecuencia, sus defensas redujeron la lista de más de 200 testigos que habían solicitado a apenas una docena, renunciando, entre otros, a los testimonios del obispo emérito de San Sebastián, José María Setién; el alcalde de esta ciudad, Odón Elorza (PSE-PSOE); o el presidente del PNV de Guipúzcoa, Joseba Egibar.