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Para Territorio y ciudad, la empresa adjudicataria de los trabajos de culminación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), este documento deberá ser el que acabe con la proliferación de las viviendas ilegales. El nuevo ordenamiento no debe implicar sólo una simple regularización de inmuebles sino que tiene que procurar que se acabe con este fenómeno. En este sentido, y tal y como señala en el diagnóstico previo que ha realizado sobre la situación urbanística de la ciudad, ahora se dan los "factores" que pueden posibilitar un cambio de tendencia.

Para empezar, Territorio y ciudad, que dirige el arquitecto jerezano Manuel Ángel González Fustegueras, indica que el grado de consolidación de las aproximadamente 4.200 viviendas que existen en la actualidad en el término municipal (es la última cifra oficial, que data de 2006) ha provocado la necesidad de que estos núcleos se integren en la fisonomía de la ciudad. "El grado de irreversibilidad es un hecho", sostiene la empresa. Además, apunta que el Ayuntamiento tiene el deber de buscar una solución a estos diseminados puesto que es, en parte, responsable de su proliferación (en especial por la "inaplicabilidad" de las medidas disciplinarias que establece la ley).

En este diagnóstico, la adjudicataria esboza unas líneas generales de lo que será su actuación, aunque no entra a individualizar como será la legalización o no de los diseminados existentes en la actualidad.

Eso sí, se advierte de que su regularización no puede ser a cualquier precio. El equipo de Fustegueras sostiene que no se debe renunciar al principio básico del urbanismo: "la solidaridad o compensación de los beneficios y cargas derivados del planeamiento". Esto quiere decir, en otras palabras, que los propietarios deben hacer frente a los costes de la urbanización y al pago o cesión del porcentaje de suelo que determina la ley para que se destinen a equipamientos y dotaciones. Esto es un "principio irrenunciable" para que el PGOU sea viable económicamente y para que su proceso esté legitimado, según Territorio y ciudad.

Ya este planteamiento venía recogido en el nuevo ordenamiento realizado por el anterior equipo redactor. De hecho, así venía reflejado en el estudio económico y financiero del documento de aprobación provisional 1, al que se le dio el visto bueno en junio de 2006. Ambos equipos coinciden en señalar la necesidad de elaborar unas ordenanzas municipales que regulen esta cuestión.

Territorio y ciudad también indica que no es "ineludible" la continuación de los procesos sancionadores contra los propietarios. Con ello se evitaría la creación de "amnistías fraudulentas" y se lograría "recuperar la perdida de credibilidad en la legalidad". No obstante, y aunque resulte contradictorio, el equipo de Fustegueras puntualiza que la sanción económica "se podrá modular" de forma individualizada teniendo como base la situación en la que quede vivienda con el nuevo planeamiento.

También se aboga por la puesta en marcha por parte del Ayuntamiento de campañas de concienciación ciudadana. En este apartado considera fundamental la participación del "movimiento vecinal" para la realización de esta iniciativa para tratar de frenar esta proliferación.

Asimismo, y paralelamente a esto, el nuevo equipo redactor incide en la necesidad de "reforzar" el departamento de disciplina urbanística del Ayuntamiento, no sólo en el aspecto técnico sino también humano (una reclamación de los técnicos del Área de hace años que aún no ha sido atendida).