Un día después del desalojo frustrado de una infravivienda en calle Cruces, 32, los vecinos aún no respiran tranquilos. Saben que para el 23 de enero hay previsto otro desahucio con orden judicial. Y el 12 de febrero, otro más. Las palabras de los responsables municipales de Vivienda, Antonio Jesús Ruiz, y Bienestar Social, Beatriz Fuentes, después del pleno municipal, consiguieron aplacar los ánimos de los afectados, ya que se les puso por delante una solución temporal en caso de que se produzca de manera efectiva un desalojo. Sin embargo, y aunque "esperamos que cumplan su palabra", aseguran por experiencia que no se creerán del todo lo que promete el equipo de Gobierno hasta que no se haga realidad, según apuntaba ayer Carmen García, residente en el edificio.

La propuesta del Ayuntamiento de que en cuanto se efectúe un desalojo los vecinos podrán pernoctar en un hostal mientras Suvipuerto les gestiona el alquiler de una vivienda, satisface, en teoría, las reivindicaciones de los afectados. Del mismo modo ocurre con el compromiso de Bienestar Social de estudiar si se pueden acoger a la ayuda para pagar la renta mensual. Pero en lo que insisten los vecinos es en la "indignación y vergüenza" que sintieron anteayer, cuando 16 agentes de la Policía Nacional trataron en vano de desalojar a los ocupantes del piso de la planta baja, produciéndose varias escenas de tensión y nerviosismo. "El Ayuntamiento nos dice que no volverá a pasar y esperamos que cumplan su palabra", apunta una de las afectada, pero si volviera a pasar, mantendrían la misma actitud de resistencia que mostraron este jueves.

Por otro lado, el concejal de Vivienda explicó este jueves en el pleno municipal que el Ayuntamiento había tratado de comprar el inmueble entero para evitar esta situación, pero la dueña había establecido un precio demasiado alto para las arcas municipales.

Asimismo, el concejal del PSOE, Joaquín Corredera ha tachado las excusas del equipo de Gobierno para no intervenir con anterioridad como "simplistas" y ha pedido que

Por su parte, el presidente de la Flave, José Rodríguez, ha mostrado públicamente su "disconformidad con lo ocurrido", apuntando que "las condiciones en las que se produjo el desalojo no fueron las adecuadas". Del mismo modo, Rodríguez añade que "hay que insistir para que los servicios sociales ayuden a estas familias, para que no se queden en la calle, y en materia de vivienda no podemos consentir que siga habiendo carencias". Y por último, considera que "el equipo de Gobierno no puede escudarse por más tiempo en la herencia del equipo anterior en el tema de la infravivienda, porque el casco histórico está repleto".