La motorada de este año vendrá marcada por el segundo varapalo judicial recibido por el Ayuntamiento portuense por la pasividad mostrada por el anterior equipo de Gobierno IP -PSOE para poner freno a los desmanes del evento, donde se vulneran derechos fundamentales. La primera sentencia contra la forma en que se organizaba la motorada fue en diciembre de 2005, desautorizaba al ex alcalde Hernán Díaz a regular el evento con un bando unipersonal y obligaba al Consistorio a indemnizar a un vecino con 770 euros por "daños morales". Ya entonces el Ayuntamiento tuvo que elaborar un plan de tráfico especial, limitar la entrada de motos al centro urbano, habilitar zonas de uso exclusivo peatonal y suprimir la 'jaula'. El segundo varapalo judicial se confirmó hace escasas semanas. Censuraba el "ruido de infarto" de la concentración motera, y obligaba al Ayuntamiento a indemnizar a un vecino enfermo de una dolencia cardiaca con 4.500 euros, por daños físicos y psíquicos. Advertía además que estas concentraciones de motos "son una fiesta que carecen de raíz o arraigo histórico o popular". Ante esta nueva condena, el alcalde Enrique Moresco, ha avanzado ya algunas novedades como la prohibición de acceso a los quads para reducir el impacto de la avalancha motera. En la reunión de la junta local de seguridad celebrada en diciembre con el subdelegado del Gobierno Sebastián Saucedo, al alcalde le trasladó una petición de refuerzo de efectivos para Bahía Mar, El Paseo y Valdelagrana, donde el año pasado se registraron los mayores problemas. Moresco viene insistiendo en la elaboración de un plan especial similar al Plan Rocío, donde se impliquen varios ayuntamientos y todas las fuerzas de seguridad.