Se retrasa la promesa municipal de encontrar vivienda para los vecinos de Cruces, 32

  • Gabriel Jácome, el inquilino desahuciado el pasado 23 de enero, permanece en un hostal

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El Ayuntamiento aún no ha cumplido su promesa de encontrar viviendas de alquiler para los vecinos de Cruces, 32 que han sido desalojados o que lo van a ser en breve. Según había explicado la propia concejal de Bienestar Social, Beatriz Fuentes, hace ahora nueve días, a lo largo de esta semana los afectados tendrían ya un piso en el que instalarse, mientras que la propia Concejalía les abonaría una ayuda para pagar el alquiler.

No obstante, según informan desde el Ayuntamiento portuense, los trámites siguen en marcha y aseguran que el compromiso se cumplirá cuanto antes.

De todos modos, la Administración local aún sigue pagando el hostal para Gabriel Jácome, el inquilino que fue desahuciado el pasado 23 de enero, y ahí continuará hasta que desde Suvipuerto se le encuentre la vivienda prometida.

En todo caso, en el inmueble aún permanecen Adela Suárez y José María Pérez, quienes deberían haber abandonado la casa a comienzos de enero, la familia de Carmen García, con su hijo de cinco años y otros vecinos que están a la espera de ser desahuciados. Bienestar Social también se comprometió a buscarles una vivienda antes de que se haga efectivo el desalojo judicial.

En los dos primeros casos, tanto Jácome como Adela recibieron la orden de desahucio por negarse a abonar las mensualidades hasta que la propietaria del edificio, Mercedes Ruiz-Herrera García de Quirós, no ejecutara los arreglos a los que estaba obligada por orden municipal, una vez que se desprendió el muro lateral por culpa de unas obras que se realizaban en el solar anexo (antiguo Cine Moderno).

Sin embargo, en el caso de las otras familias, el desahucio no es por impago, sino por finalización de sus contratos de alquiler. Y es que, como apuntan los afectados, la dueña quiere vender el edificio sin haberlo arreglado, cuando ha estado cobrando más de 100 euros por cada mensualidad. Del mismo modo, denuncian los vecinos que la propietaria cobró una indemnización por el derrumbe del muro (hace ahora dos años desde entonces) para que efectuara las mejoras pertinentes en el edificio y así garantizar la seguridad de los inquilinos, y que sin embargo, no ha invertido apenas nada en ello.

Por su parte, el colectivo Andad ha denunciado la situación de "injusta legalidad" que viven los afectados, gracias a "los resquicios legales de los que siempre se aprovechan los poderosos" y arremete contra Suvipuerto por no haber previsto durante los últimos años una solución para este tipo de emergencias.

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