Los organizadores piden que no se utilice el debate como arma electoral

  • El alcalde todavía no ha confirmado su presencia en el acto sobre viviendas ilegales

Todo está ya prácticamente listo para la celebración de la asamblea general que se celebrará mañana miércoles a las siete de la tarde en el Monasterio de la Victoria. Organizada por la coordinadora Coave y la Federación Local de Asociaciones de Vecinos (Flave), están convocados todos los grupos municipales así como el alcalde de la ciudad, Enrique Moresco -que ayer aún no había confirmado su asistencia-, Ecologistas en Acción y la otra asociación que agrupa a viviendas ilegales, Fevema.

El orden del día es muy concreto y contempla asuntos como la petición de que se suspendan los expedientes en marcha relativos a multas, demoliciones y paralizaciones de obras, así como que se de soluciones a la concesión de licencias provisionales de luz y agua. Se abordará también el actual estado de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Los organizadores insistieron ayer, durante la presentación de la asamblea, en que "no queremos que la cita se convierta en un debate electoral, no queremos que haya puñaladas traperas sino que se ofrezcan propuestas claras y argumentos concretos", dijeron.

Uno de los representantes de Coave, José Antonio Castro, calificó de "grave" la situación que se vive en los diseminados sin planeamiento (antiguas emas) a raíz de la decisión del equipo de gobierno del PP de encargar a un nuevo equipo redactor la elaboración del nuevo PGOU. Tras considerar que el informe de incidencia territorial emitido por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía no era tan demoledor como se hizo ver desde el gobierno municipal, Castro recordó que tanto el alcalde como la edil de Urbanismo, Patricia Ybarra, se comprometieron con ellos a buscar soluciones para la puesta en marcha de un protocolo para la concesión de luz y a agua a estas viviendas, algo de lo que hasta ahora no han vuelto a saber nada.

José Antonio Castro comparó la situación que ahora viven los propietarios de viviendas que se legalizarán con el nuevo PGOU con las de aquellos portuenses cuyas viviendas se legalizaron con el PGOU del 92, que se urbanizaron "sin ninguna multa ni sanción. La diferencia con la situación actual consiste en la cantidad de multas y expedientes de demolición que pesan sobre estas viviendas y ahora, tras diez años de negociación del nuevo Plan, hay que empezar de nuevo", se quejó.

El presidente de la Flave, José Rodríguez, se quejó por su parte de la crisis económica que acarreará para la ciudad entera la paralización del sector de la construcción, precisamente por la falta de un Plan General. José Rodríguez recordó la enorme permisividad que ha habido en la ciudad durante muchos años con las viviendas ilegales. Finalmente el abogado José Miguel Gómez Pedrosa señaló que el problema de las emas "es algo que hay que arreglar".

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