El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Cádiz mantiene abiertas las diligencias por el recurso presentado por los propietarios del diseminado ilegal de El Carmen 2 a la concesión de la licencia por parte del Pleno Municipal a la cantera de la Piedad, situada en las proximidades de la Carretera de El Portal.

Los residentes de este núcleo de viviendas denunciaron en 2006 no sólo la autorización sino también el incumplimiento por parte de la empresa que la explota de los requisitos medioambientales que se le exigió para permitir la actividad (la declaración de impacto ambiental). Asimismo apuntaron que los camiones y máquinas pesadas utilizan habitualmente la cañada del Esquivel para acceder a ella, cuando la ley medioambiental prohibe el tránsito de estos vehículos por este tipo de vías.

El propietario de la finca en la que se encuentra la cantera es José Pinto Fuentes, que está imputado también en otra denuncia relacionada con las viviendas ilegales de Pinar de Coig (que se construyeron en una parcela anexa que sigue siendo en parte de su propiedad). Él es el concesionario de la licencia concedida por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta para la actividad extractiva, aunque se la tiene cedida a la empresa Martí y Cantera S.L., filial de Verinsur (que explota el complejo medioambiental de Bolaños, en el término municipal de Jerez).

El 10 de diciembre del año pasado, la jueza Marta López Velasco elaboró una providencia en la que ordenaba tanto al Ayuntamiento como al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que le remitiese toda la documentación sobre las denuncias presentadas por los propietarios del diseminado de El Carmen.

El pasado 23 de enero, el Seprona presentó su informe en el que recordaba todas las irregularidades cometidas en la explotación de la cantera. Para empezar, la actividad extractiva se inició en noviembre de 2004. Pero los trabajos fueron paralizados días después tras una denuncia de los propietarios de El Carmen. No fue hasta mayo de 2006 cuando la cantera obtuvo el permiso municipal, retomándose entonces la actividad. No obstante, en junio de ese año, la Delegación Provincial de Cultura paralizó las extracciones en una parte de la finca ya que se estaba sacando arena en una zona protegida por su valor arqueológico. En junio los propietarios de El Carmen presentaron una denuncia ante la Guardia Civil por el supuesto uso de la vía pecuaria así como por el incumplimiento de los condicionantes ambientales que permitieron la actividad extractiva.

Mientras tanto, el Ayuntamiento no ha remitido aún la información solicitada por el Juzgado a pesar de que éste se lo ha requerido en dos ocasiones (la última el pasado día 31).