Un juzgado autoriza la construcción de una vivienda en una zona verde

  • Ratifica la licencia de un chalé de El Buzo a pesar de que está dentro de un sector calificado como parque público en el PGOU · Lo justifica alegando que el Ayuntamiento no tiene intención de hacerla zona verde

Un juzgado ha ratificado una licencia de construcción de un chalé a pie de playa que concedió el Ayuntamiento en 2005 a pesar de que el suelo sobre el que se erige está clasificado como zona verde. En la sentencia se argumenta que el Ayuntamietno no tiene previsto que este espacio pase a ser de patrimonio público por lo que, por ende, no se ha cometido una infracción urbanística de tal calado que obligue a retirarle la autorización de obras.

Esto es lo que ha ocurrido con un chalé que actualmente se está construyendo en el número 21 de la calle Altair, en la zona de El Buzo. En esta vía, el grupo de viviendas ubicadas a pie de playa están construidas sobre un suelo que el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) tiene clasificado como zona verde. No obstante, la casi totalidad de los inmuebles son anteriores a la entrada en vigor de este ordenamiento por lo que no están en una situación irregular.

Pero, tal y como establece la normativa urbanística, el Ayuntamiento tiene la obligación de obtener los suelos que vayan a destinarse para parque público. Sin embargo, no ha iniciado esta tramitación y ni hay visos de que vaya a hacerlo.

En marzo de 2005, la Junta de Gobierno Local (conformada por aquel entonces por miembros de IP y PSOE) aprobó la construcción de una vivienda unifamiliar en el 21 de la calle Altair. Tres meses después autorizó la demolición del inmueble existente anteriormente (construido en 1972) y en septiembre dio el visto bueno al proyecto de ejecución.

Sin embargo, tras unos informes técnicos y un requerimiento de la Consejería de Obras Públicas, el 24 de noviembre de 2005 (una sitaución hecha púbilca por aquel entonces por Izquierda Unida) el Ayuntameinto decidió suspender la licencia concedida en marzo de ese año alegando que se había producido un error en las "circunstancias urbanísticas" ya que supuestamente nadie se había percatado de que el solar estaba dentro de la zona verde, aunque hubiera viviendas.

Tal y como establece la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, las suspensiones de licencias deben ser informadas al Juzgado de lo contencioso-administrativo para que analice la decisión. Esto se hizo a finales de 2005 y no fue hasta el pasado 27 de febrero cuando el magistrado de la sala segunda del contecioso de Cádiz, Luis Arenas Ibáñez, emitió la sentencia.

El propietario de la parcela había realizado una serie de alegaciones a la retirada de la licencia, que en su mayoría han sido rechazadas por el Juzgado. No obstante, la sentencia incide en uno de los aspectos que se abordaba en el recurso.

Así establece que, aunque el PGOU recogía esta zona verde, su estudio económico no establece las medidas para que pase al patrimonio público. En este documento debía fijarse cuándo se pensaba recuperar este espacio, mediante qué formula se haría y cómo se financiaría.

Por tanto, y según el magistrado, al no aparecer esta previsión, esta incorporación al patrimonio de suelo es "irrealizable". A esto hay que sumar que en la tramitación del nuevo PGOU en 2005 establecía que esta zona tuviera uso residencial. Estos dos aspectos son causa suficiente para que el Juzgado considere que no se ha producido una infracción urbanística grave al concederse la licencia, requisito que establece la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) para que una licencia pueda suspenderse. De ahí que haya anulado el acuerdo de la Junta de Gobierno Local que dejaba sin validez la autorización municipal.

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