Dos familias se niegan a abandonar una casa en ruinas por temor al desahucio

  • Los inquilinos, que ocupan el edificio sin contrato, aceptan el ofrecimiento municipal para que sus hijos pasen la noche en un hostal · El inmueble cuenta con una orden judicial de desalojo inmediato

Las dos familias que habitan el número 33 de la calle Chanca, presuntamente de manera ilegal, se niegan a desalojar el inmueble, a pesar de la orden de desalojo inmediato que pesa sobre la casa, dado el estado de ruina que presenta desde hace meses y que se ha agravado con las últimas lluvias. Los inquilinos, entre los que se encuentran cinco menores de edad, admiten que las viviendas se encuentran en pésimo estado, pero temen que en cuanto abandonen el edificio se vean en la calle, ya que llevan dos años y medio, según sus testimonios, esperando a que el Ayuntamiento les facilite una vivienda social. Por su parte, el Ayuntamiento, a través del área de Bienestar Social, les ha ofrecido en varias ocasiones que se alojen en un hostal mientras se les busca una solución, a lo que ellos se negaban. Y por ello, han puesto el caso en conocimiento de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, para que retire la custodia de los menores.

Ayer por la mañana, el propietario de la finca, Jaime Abreu, llamaba al 112 por un supuesto derrumbe en los techos del edificio, por lo que se presentaron en el lugar efectivos de Bomberos, Policía Local y Protección Civil. Sin embargo, desde el Ayuntamiento han confirmado que se trató de una falsa alarma, aunque desde Urbanismo insisten en el riesgo inminente de derrumbe. De esta manera, a media tarde de ayer, los servicios sociales municipales les convencieron para que abandonaran el inmueble, sobre todo por garantizar la seguridad de los menores.

Según los ocupantes, accedieron a alojarse en el hostal ofrecido por el Ayuntamiento con los cinco menores, aunque desde Bienestar Social han indicado que a última hora de la tarde de ayer aún no se habían registrado en el establecimiento. Pero al mismo tiempo, los residentes explicaron a este periódico que un miembro de cada una de las dos familias permanecería en el edificio "para que no nos tabiquen las puertas y no podamos entrar a por nuestras cosas". De hecho, el propietario ha señalado que en cuanto la casa quede completamente desalojada tapiará las viviendas para que no las vuelvan a ocupar.

El dueño ya denunció en 2005 la ocupación ilegal de esta vivienda, aunque según los inquilinos, tienen contrato de luz y agua. Del mismo modo, el inmueble cuenta con diferentes informes oficiales en los que se demuestra su estado ruinoso, e incluso hay una orden municipal de desalojo dictada en abril de 2007. Y por último, el 20 de diciembre, el juzgado ordenó a la Policía Nacional ejecutar el desalojo, que finalmente no llegó a producirse. Ante esta situación, el propietario del inmueble ha señalado que, si ocurriera algo, "pedirá responsabilidades a la Policía, al juzgado, al Ayuntamiento y a todos los que, teniendo conocimiento del caso, no hayan cumplido con la orden de desalojo". "Los niños no tienen la culpa de la irresponsabilidad municipal y de la inconsciencia de sus padres", apuntaba ayer indignado.

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