El Ayuntamiento y la Junta de Andalucía han ampliado en dos años el plazo previsto para la ejecución de los derribos previstos en la barriada de José Antonio. Pese a que la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta ha intensificado en los últimos meses sus gestiones para avanzar en la actuación, existen dos casos en los que está resultando muy difícil llegar a acuerdos con los herederos para la compraventa de las respectivas viviendas, lo que resulta imprescindible para proceder al derribo de la primera pastilla prevista, en la plaza de la Esperanza.

Así las cosas, parece que estos bloques no se podrán derribar de forma inminente y la Junta de Gobierno Local admitía hace escasos días la solicitud presentada por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) para prorrogar la declaración de utilidad pública a efectos de expropiación forzosa por un tiempo máximo de dos años, en el ámbito del Plan Especial de Reforma Interior (PERI).

Urbanismo dice que hasta la fecha se ha invertido casi un millón en esta barriada

Tras este trámite el siguiente paso será someter la medida a información pública y audiencia de los afectados por un plazo de 20 días, mediante inserción de sendos anuncios en el BOP y en el Tablón de Edictos Electrónico de la sede electrónica municipal, a fin de que durante dicho período puedan formularse las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, se publicará el Plan Especial en el Portal de la Transparencia del Ayuntamiento.

A pesar de este retraso, desde el área de Urbanismo consideraban ayer que "los trabajos conjuntos que se vienen realizando para la intervención en la barriada José Antonio avanzan a buen ritmo" y añaden que "hasta el momento, la Junta de Andalucía lleva invertidos 926.686,91 euros en la adquisición de inmuebles, a parte de los gastos de notaría, registro y cerramiento de viviendas para evitar su ocupación".

El concejal de Urbanismo, Ángel Quintana, ha reiterado "la voluntad y el compromiso tanto del gobierno municipal como del andaluz en buscar una solución tanto a estos propietarios como a toda la ciudadanía portuense, que lleva años reclamando que se pueda culminar el proceso de urbanización de este importante entorno".

Tras haberse ejecutado la reforma del entorno del cementerio, la guinda de la operación urbanística iba a ser el derribo de dos de los bloques de José Antonio, ya desalojados, algo que finalmente no será posible debido a la batalla legal que están protagonizando los herederos de dos de las viviendas allí existentes, que ni siquiera viven allí pero que están impidiendo que se materialice el derribo, a la espera de obtener una compensación económica.