Para el próximo miércoles se ha organizado un debate en el que se hablará de la situación de las viviendas ilegales del término municipal. La iniciativa ha sido promovida por Flave (Federación Local de Asociaciones de Vecinos) y Coave, la coordinadora que agrupa a parte de las asociaciones de viviendas ilegales.

A la cita se ha invitado a que participen tanto el alcalde, Enrique Moresco, como la concejala de Urbanismo, Patricia Ybarra, así como a los partidos políticos. El debate se celebrará en el Monasterio de la Victoria a partir de las siete de la tarde.

Está prevista que la asamblea se desarrolle en torno a tres ejes temáticos. El primero de ellos será la situación actual del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuya aprobación traerá como consecuencia el inicio del proceso de legalización de estos diseminados. El Gobierno Municipal, conformado por PP y PA y el edil tránsfuga Fernando Gago, decidió hace meses contratar un nuevo equipo redactor (que se conocerá el próximo mes). Su labor será la de reelaborar el documento tras conocerse que el aprobado hasta ahora superaba ampliamente los límites de crecimiento que fija el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), de ahí su inviabilidad. Así lo estableció la Consejería de Obras Públicas en su informe de incidencia territorial del nuevo ordenamiento.

El segundo de los temas a abordar en el encuentro será la actuación disciplinaria contra las viviendas ilegales promovida por el Ayuntamiento.

Los propietarios de estos inmuebles reclaman la suspensión de las multas impuestas por el Consistorio por construir en suelo no urbanizable y sin autorización municipal, así como que no se ejecuten las demoliciones a las que muchas están abocadas por ley.

Ya por último, se debatirá la concesión de autorizaciones municipales para el enganche de suministros como luz y agua. El PP anunció hace meses que, al contrario del anterior equipo de Gobierno de IP, no iba a dar licencias de este tipo.

No obstante, tras varios encuentros con los representantes de las asociaciones de diseminados, decidió elaborar un protocolo para el acceso a estos suministros. El documento aún no se ha terminado pero ya han trascendido algunas de las condiciones que deben tener las aspirantes para obtener un enganche.

El presidente de Coave, José Antonio Castro, explicó ayer que las viviendas deberán tener una antigüedad mínima de cuatro años. Asimismo, tendrán que contar con un informe favorable del Área de Bienestar Social, donde se determinará la situación social de la familia que reside en el inmueble.

Al acto, además de a los representantes políticos, también se ha invitado al colectivo Ecologistas en Acción y a Fevema, la federación que aglutina a algunas asociaciones de vecinos.