La propuesta presentada en el pleno de ayer por Izquierda Unida para que se remitieran a Fiscalía todos los decretos de legalización de viviendas emitidos desde el área de Urbanismo entre los años 2003 y 2007 salió adelante, no sin un amplio debate, gracias al apoyo de todos los grupos (incluido Independientes Portuenses) y la abstención del equipo de gobierno. La portavoz de Izquierda Unida, Pepa Conde, justificó su propuesta señalando que "es necesario que los ciudadanos recuperen la confianza en los políticos" y recordando que la gestión urbanística de los últimos años ha sido "totalmente irregular".

La propuesta fue secundada por el PSOE, aunque su portavoz, Ignacio García de Quirós, matizó que se respetara la presunción de inocencia sobre todo en el caso de los técnicos municipales y pidió que la medida se ampliara al año 2008, a lo que el equipo de gobierno no puso objeción porque como dijeron Ybarra y Moresco "no hemos firmado ninguno de estos decretos".

La postura más reacia fue la de Independientes Portuenses, que si bien votó a favor de la propuesta rompió también una lanza a favor de la presunción de inocencia tanto del ex-alcalde, Hernán Díaz, como del anterior responsable de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez. La portavoz del grupo, Silvia Gómez, pidió que la medida del envío a Fiscalía se ampliara "hasta el inicio de la etapa democrática", lo que fue rechazado por los demás grupos y con contundencia por la edil de Urbanismo, que no tuvo reparos al decir que "el periodo comprendido entre 2003 y 2007 ha sido el más delictivo en la gestión del urbanismo de esta ciudad. Yo le aseguro -a Silvia Gómez- que se han cometido delitos en Urbanismo y que habrá sentencias. Les van a caer varias, tanto al ex-edil del área como al anterior alcalde, les va a caer la del pulpo", dijo, y añadió que el Ayuntamiento "está trabajando tanto con la Fiscalía Anticorrupción de Cádiz como con los magistrados de El Puerto". No obstante, Ybarra se mostró contraria "a inundar de papeles a la Fiscalía, cuando tenemos aquí una asesoría jurídica municipal y otra en Urbanismo". Pepa Conde solicitó a Ybarra que le enviara cuanto antes las copias de los 101 decretos de legalización de viviendas que constan en Urbanismo de los años 2003 a 2007, y que aún no se han enviado a la Fiscalía.

En el pleno de ayer se acordó también la constitución de la mesa de seguimiento del Plan General de Ordenación Urbana (que ya funcionaba) aunque se aprobó que se emitan actas de las reuniones y que se invite a los técnicos municipales relacionados con las materias concretas que se traten. Uno de los asuntos que despertó un mayor debate, estéril finalmente, fue el de la "ocupación" por parte municipal del local juvenil de Doña Blanca, lo que provocó incluso enfrentamientos entre una parte del público asistente a la sesión.