El Área de Urbanismo tiene previsto presentar la próxima semana al Pleno Municipal el protocolo para la concesión de luz y agua a algunas viviendas ilegales del término municipal. La propuesta se incluirá dentro del orden del día de la sesión que se celebrará el jueves día 6 de marzo. En este documento se establecerán las condiciones para acceder a estos suministros. Así, los inmuebles deberán tener una antigüedad de cuatro años como mínimo; no podrán estar construidos en suelos de especial protección ambiental (o en cualquier otro tipo de calificación urbanística que no permita su posterior legalización); y los propietarios deberán solicitar un informe al Área de Bienestar Social que acredite que es la única vivienda en propiedad que tiene la unidad familiar. Para obtener la autorización al enganche de los suministros, Urbanismo también exigirá que no se tengan que hacer obras de urbanización para el enganche.

El anuncio lo hizo la concejala de Urbanismo, Patricia Ybarra, en el debate sobre viviendas ilegales que organizó en la tarde de ayer en el Monasterio de la Victoria la Flave (Federación Local de Asociaciones de Vecinos) y Coave (la coordinadora que aglutina a una quincena de asociaciones de diseminados ilegales). En el encuentro también participaron representantes de todos los partidos políticos con representación municipal así como colectivos como Ecologistas en Acción o Fevema (la federación que representa a algunos diseminados ilegales). El acto fue multitudinario llenándose el Monasterio.

El debate se planteó que girara en torno a otras cuestiones además de los enganches de luz y agua. Así se abordó la situación actual del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), las multas coercitivas impuestas a los propietarios de viviendas ilegales por construir en suelo no urbanizable y las órdenes de derribo.

La edil de Urbanismo fue meridianamente clara. La suspensión de las multas es, a día de hoy, imposible. Se están buscando fórmulas legales para tratar de paralizar los procedimientos sancionadores a aquellas viviendas que puedan regularizarse con el nuevo PGOU, pero aún no se ha encontrado. Por tanto, los expedientes deben continuar con su tramitación ya que de lo contrario, podría acarrearle problemas legales al Consistorio.

Y sobre el nuevo Plan General, la edil volvió a insistir en que el documento aprobado por IP y PSOE en el pasado mandato municipal es inviable. Para ratificarlo, volvió a hacer mención del informe de incidencia territorial que elaboró la Junta de Andalucía a finales del pasado año en el que se señala que el documento sobrepasa ampliamente los límites de crecimiento urbanístico que permite la normativa andaluza. En esta línea, el representante del PA, el edil Antonio Jesús Ruiz, apuntó que habría que reducir la previsión de viviendas del nuevo planeamiento en más de 20.000.

En cambio, los representantes de PSOE e IP, Ignacio García de Quirós y Juan Gómez, coincidieron en señalar que el PGOU que ellos aprobaron podría cumplir con estos parámetros con una serie de "correcciones". Ambos grupos también insistieron en la necesidad de consensuar con la Junta de Andalucía el nuevo planeamiento. Por su parte, Pepa Conde (IU) instó al Gobierno Municipal a que se estudien soluciones ante los procesos sancionadores abiertos así como se busquen para aquellos que finalmente no puedan legalizar su vivienda.

Mientras tanto, el presidente de Coave, José Antonio Castro, expresó su temor a que el nuevo proceso iniciado para sacar adelante el nuevo PGOU retrase aún más la legalización de las viviendas. Juan Clavero, por Ecologistas en Acción, instó a los propietarios a paralizar las nuevas construcciones en los diseminados advirtiendo de que habrá zonas que no se podrán legalizar. Ya por último, Javier de Paula, por Fevema, insistió en las mismas tesis de IP y PSOE en torno a que el nuevo planeamiento elaborado hasta ahora es corregible.