El Tribunal de Cuentas no considera necesario juzgar y determinar los posibles responsables de las irregularidades detectadas en la gestión del Ayuntamiento entre 1995 y 2000, los años que auditó y cuyos resultados se conocieron hace más de un año. A su entender, no hay motivos que apunten que en estos hechos anómalos haya habido responsabilidad contable, una figura legal que establece si ha habido perjuicio o no en los fondos públicos por una actuación contraria a la ley. Según el Tribunal, están más que constatadas las irregularidades pero no se dan "todos y cada uno de los elementos fijados" para que haya responsabilidad contable. No obstante, la decisión no es firme y tiene que ser ratificada por la Sala Segunda de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal.

A pesar de ello, esta decisión no atañe a las irregularidades halladas en las empresas municipales, especialmente en Impulsa. A raíz del informe, el Tribunal de Cuentas abrió una pieza separada por si los hechos habían incurrido en un supuesto caso de responsabilidad contable. Para ello, la causa se dividió en cuatro, una para el Ayuntamiento y las tres restantes para cada una de las empresas municipales. La del Consistorio es la que se ha resuelto ahora; las de las sociedades municipales están aún en diligencias previas (se están analizando los indicios que se habían detectado).

El Tribunal de Cuentas determinó que había indicios de responsabilidad contable en tres actuaciones del Ayuntamiento. En la primera de ellas se había corroborado que en 2003 se le pagó a la empresa GSC unos 40.000 euros por la explotación del Centro de Recursos Ambientales (CRA) cuando ya había finalizado el contrato que la vinculaba a estas instalaciones.

Lo mismo sucedió con otro de los hechos analizados, el contrato para la vigilancia de los edificios municipales. La empresa adjudicataria se le pagó el servicio en el año 2000 cuando el contrato ya había expirado. También se detectó que no se habían justificado unos encargos de asistencias técnicas por un valor de 30.649 euros.

El equipo de gobierno de PP y PA dio a conocer ayer el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas cuya principal consecuencia será que no se le pedirán responsabilidades por estas irregularidades a los responsables municipales de aquellos años (el mandato de mayoría absoluta de Independientes Portuenses) ni a los técnicos municipales.

Sin embargo, el alcalde, Enrique Moresco (que durante los años auditados era concejal de IP), cargó contra su anterior partido señalando que lamenta que "técnicos y funcionarios municipales se hayan podido ver salpicados por la evidente mala gestión económica de Hernán Díaz". A su juicio "ha quedado suficientemente demostrado el caos que había provocado el anterior alcalde en el Área Económica del Ayuntamiento".