El Puerto

El Puerto apenas cuenta con 57.000 m2 de suelos industriales sin vender

  • Casi todo se concentra en el tecnoparque Bahía de Cádiz · Hay más de 341.000 m2 de parcelas sin edificar pero están en manos privadas mayormente · Las Salinas de Poniente está totalmente vendido

En los polígonos industriales de la ciudad apenas hay 375.000 metros cuadrados de suelo libre para la implantación de nuevas empresas. Las principales bolsas de parcelas se encuentran situadas en el polígono industrial de Las Salinas de Levante, promovido por la empresa municipal de fomento, Impulsa, y en el tecnoparque de la Carretera de Sanlúcar, en manos de la Junta de Andalucía.

Es precisamente en este enclave donde resta la casi totalidad del suelo disponible que está en manos de alguna administración pública. La agencia Idea, dependiente de la Consejería de Innovación, tiene en propiedad unos 57.000 metros cuadrados de suelo.

Mientras, Zona Franca cuenta aún con unos 25.000 metros cuadrados de terrenos libres en Las Salinas de Levante.

El resto, hasta llegar a los algo más de 341.000 metros cuadrados, está en manos privadas. Las mayores parcelas se encuentran en el polígono de Las Salinas de Levante donde quedan aún por edificar unos 214.000 metros cuadrados, según unas estimaciones realizadas por este periódico basándose en mediciones realizadas mediante la Ortofoto Municipal 2007.

A lo largo del pasado año, se conocieron algunos de los proyectos que ocuparán parte de estos terrenos que aún quedan por construir. Tal es el caso del proyecto de centro comercial en una parcela de 54.000 metros cuadrados promovido por una filial de la empresa constructora sevillana Bekinsa.

La iniciativa ya cuenta con el visto bueno de la Junta de Andalucía (organismo que debe autorizar la implantación de grandes superficies comerciales) pero la promotora no ha hecho público sus planes de puesta en marcha.

En Las Salinas de San José Bajo, enclave también promovido por Impulsa, hay aún más de 50.000 metros cuadrados por desarrollar.

En una de estas parcelas se está construyendo actualmente un centro de empresas por parte de la fundación CEEI (Centro Europeo de Empresas e Innovación). Mientras, en el polígono El Palmar, de iniciativa privada, hay casi 20.000 metros cuadrados libres repartidos por distintas parcelas.

A lo largo de los próximos meses, se pondrá en marcha el nuevo polígono industrial Las Salinas de Poniente, con aproximadamente 1,6 millones de metros cuadrados de superficie (duplicando así el suelo industrial del término municipal).

Todas las parcelas fueron vendidas por la empresa municipal Impulsa pero, hasta el momento, sólo ha trascendido la implantación de un centro logístico por parte de la firma de supermercados Día. Asimismo, el pasado mes de noviembre una filial de Osborne fue autorizada a construir dos naves industriales en este enclave.

Mientras, la firma Heineken instalará otro centro logístico en unos 10.000 metros cuadrados de una parcela que ha adquirido a Zona Franca. Ésta irá ubicada a espaldas del edificio que alberga actualmente los juzgados.

Uno de los retos del Gobierno Municipal será la puesta en uso de nuevos suelos industriales. Para ello, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) deberá fijar las zonas que deberán destinarse para ello.

El aprobado por el anterior gobierno, y que ahora será ampliamente reformado, sólo establecía una reserva de suelos junto al tecnoparque Bahía de Cádiz, que serviría para una futura ampliación.

Era la única previsión de crecimiento de suelo industrial prevista para los siguientes 12 años. El actual equipo de Gobierno ya ha anunciado que esta reserva es insuficiente por lo que asegura que está trabajando en buscar emplazamientos para futuros enclaves industriales.

Eso sí, la puesta en carga de nuevos suelos tardará cuatro años, como mínimo (el tiempo que se estima que pueda entrar en vigor el nuevo ordenamiento general). Para ello, el Ayuntamiento se verá beneficiado de la reciente modificación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Esta normativa autonómica establece límites a las previsiones de crecimientos urbanísticos de las ciudades. Sin embargo, esta restricción sólo afecta a los suelos residenciales, no así a los industriales.

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