El Pleno Municipal debatirá mañana una propuesta de Izquierda Unida en la que se exige que se remita a la Fiscalía de Cádiz todos los decretos de legalización de viviendas que firmó el concejal de Urbanismo del anterior mandato, Juan Carlos Rodríguez. La formación justifica la iniciativa basándose en la "necesidad" de esclarecer la gestión del Área entre 2003 y 2007. No obstante, el Gobierno municipal ha asegurado que ya se han remitido al Ministerio Fiscal algunos por entender que son contrarios a la ley. En noviembre del pasado año, la concejala de Urbanismo, Patricia Ybarra, aseguró que habían detectado 101 expedientes de legalización de viviendas construidas en suelo no urbanizable. Se daba la circunstancia, además, de que algunos propietarios habían sido instados a la regularización por el anterior edil.

Las críticas hacia la gestión de Rodríguez por su actuación con las viviendas ilegales fueron continuas durante los cuatro años que dirigió el Área. Incluso está imputado judicialmente por una supuesta falta de intervención disciplinaria contra algunos diseminados ilegales (Pinar de Coig, El Barranco, Pinar del Obispo, ...), que continúan tramitándose en el Juzgado. Pero también ha sido cuestionado el jefe del departamento de disciplina urbanística del Área de Urbanismo, Fernando Jiménez Fornell. El técnico municipal ha sido denunciado recientemente en los juzgados por un presunto asesoramiento a un propietario en la legalización de una vivienda (extremo negado por Fornell días después de que se hiciera pública la acusación). La tramitación fue realizada a través del estudio de arquitectura Tec, con la que el funcionario municipal tiene vinculaciones personales.

A los decretos de legalización fraudulentos hay que sumarle los casos de obra nueva detectados en el término municipal (legalización de viviendas mediante certificaciones de profesionales de la arquitectura falsas), aunque en este caso aún no se ha imputado a ningún responsable municipal por el momento.

Según IU, estos antecedentes corroboran la necesidad de que todos los decretos de legalización sean analizados por la Fiscalía de forma que "se pueda aclarar todas las cuestiones relacionadas con el funcionamiento del Área de Urbanismo en estos últimos años". Esta formación ha denunciado ante los juzgados varias actuaciones del anterior gobierno municipal en materia de urbanismo. Así puso en conocimiento de la Fiscalía la proliferación de viviendas en los diseminados ilegales de Los perales, Montes de oca y Las siete pilas. El Ministerio Fiscal apreció indicios de delito por lo que derivó la denuncia a los juzgados portuenses para que procedieran al inicio de las diligencias previas, que siguen abiertas. En un principio, IU se había planteado la posibilidad de exigir una comisión de investigación. Finalmente se ha optado por esta medida "más efectiva" para depurar responsabilidades en la gestión del Área. Por el momento, el resto de grupos de la Corporación no se ha pronunciado si apoyará o no la propuesta.