La portavoz municipal de Izquierda Unida, Pepa Conde, y el parlamentario andaluz Ignacio García presentaron el martes dos denuncias ante la Fiscalía Provincial. La primera estaba referida a determinadas actuaciones de la empresa municipal de Vivienda, Suvipuerto, realizadas con posterioridad al año 2000, y se basa en el reciente informe elaborado por la intervención municipal acerca de diversas operaciones de construcción de viviendas en la zona de El Juncal y en la Avenida Menesteo, así como de venta de parcelas en Jardín de Cano, Ronda de Valencia y Caja de Aguas. Según se recoge en el informe, en la construcción de viviendas en El Juncal y Menesteo, se produjeron adjudicaciones por encima del precio teórico de licitación que alcanzan un sobreprecio de casi 5.300.000 euros, mientras que la venta de terrenos en Jardín de Cano y Ronda de Valencia se realizó a un precio medio de 176,23 euros por metro cuadrado, cuando el precio medio de mercado en aquellos momentos era de 400 euros por metro cuadrado, lo que supone una posible pérdida patrimonial de alrededor 4.200.000 euros, lo que sumado a lo anterior significa la posible pérdida de 9.400.000 euros, en lo que supondría un posible quebranto patrimonial para la empresa municipal .

La segunda denuncia de Izquierda Unida ante la Fiscalía aborda la legalización de diversas construcciones así como la concesión de licencias de manera irregular en suelos que no tenían el carácter urbano o que no habían adquirido el derecho a edificar. En este apartado, Izquierda Unida ha referido los casos del establecimiento de alterne 'Oh Puerto', la regularización de viviendas en Rompeserones así como la concesión de dos licencias, a cinco y tres viviendas respectivamente, situadas en el Pago La Caridad en suelos que, aún teniendo la consideración de urbano, no habían adquirido el derecho a edificar al carecer de plan de reparcelación y no haber terminado la tramitación urbanística.

Ambas denuncias van dirigidas en todos los casos a las personas que tenían responsabilidades de gobierno y de gestión en Suvipuerto y en el Ayuntamiento, concretamente en el Área de Urbanismo, esto es, Hernán Díaz Cortés, Juan Carlos Rodríguez y Fernando Gago, ya que este último concedió la licencia a tres viviendas en La Caridad. En el escrito de denuncia se pide también a la Fiscalía que se investigue la actuación de cuantas personas o entidades hayan colaborado directa o indirectamente en las irregularidades denunciadas. Se da la circunstancia de que en lo referente a la posible regularización ilegal y concesión de licencias "intervienen sistemáticamente técnicos empresa TEC, cuya intervención es, al parecer, habitual y frecuente en este tipo de procesos", dice IU. La citada empresa, de la cual la formación no ha encontrado datos en el Registro Mercantil, ha sido encargada por el Ayuntamiento para la ejecución de proyectos como la modificación puntual del PGOU en la zona del Cuvillo aunque, curiosamente, con independencia de su intervención frecuente en procesos de regularización de viviendas y concesión de licencias posiblemente irregulares.

Pepa Conde considera que "aunque Independientes Portuenses está políticamente roto, es necesario depurar hasta el final todas las responsabilidades e irregularidades de su gestión, también por la vía penal, para evitar así que estos hechos vuelvan a repetirse en El Puerto". Por su parte Ignacio García indicó que "es preciso ampliar las investigaciones a la cohorte de determinados personajes que como intermediarios, promotores o incluso, posiblemente en algún caso, personal municipal o de las empresas municipales, se hayan podido enriquecer ilícitamente jugando con el patrimonio de todos los portuenses".