La denuncia pública realizada hace unos días por Levantemos, que acusaba a la concejala de Personal, María Eugenia Lara, de haber emprendido represalias contra quienes secundaron el paro de 24 horas en la pasada huelga de mujeres, el 8 de marzo, está trayendo cola.

En la tarde de ayer llegaban, uno detrás de otro, sendos comunicados firmados, el primero, por la socialista María Eugenia Lara, responsable de Personal, y el segundo por la concejala de Igualdad, Matilde Roselló, de Izquierda Unida.

En la primera nota de prensa, que al parecer se había remitido a sus socios de Izquierda Unida minutos antes de lanzarla a los medios de comunicación, María Eugenia Lara negaba que hubiera habido represalias contra quienes secundaron la huelga el 8 de marzo, aunque explicó que al no haberse recibido formalmente en el Ayuntamiento el preaviso del paro de 24 horas, sino solo del paro parcial de dos horas, no se pudieron conformar los servicios mínimos para el primer supuesto y en la confección de las nóminas, en el caso de quienes secundaron el paro completo se ha considerado como una ausencia justificada, en lugar de utilizarse el concepto de huelga.

Poco tardaba en llegar el segundo comunicado, firmado por Matilde Roselló, en el que abiertamente mostraba su disconformidad con las explicaciones dadas por Lara, ya que a su juicio se incidía en la supuesta ilegalidad de la convocatoria.

Además de criticar "la falta de comunicación interna por parte de la concejala y del alcalde", Roselló expresó su malestar, máxime cuando el 27 de febrero la Concejalía de Igualdad había enviado a la plantilla municipal una nota informativa explicando que la convocatoria de huelga estaba respaldada legalmente por los sindicatos, tanto los paros parciales como la convocatoria de 24 horas. Además recuerda que el gobierno local apoyaba la huelga, tras acuerdo de pleno y varias reuniones con la Junta de Personal y el Comité de Empresa en las que también participó Lara.