Las obras de urbanización en los diseminados ilegales continúan. A pesar de que no cuentan con la necesaria licencia municipal, esto no ha sido óbice para que los propietarios realicen estos trabajos en sus núcleos irregulares. Tal es el caso del Pago de San Antonio, un diseminado ubicado entre el Camino Viejo de Rota y la Variante de Rota, muy próximo a una antigua cantera de áridos. Ecologistas en Acción ha denunciado que se están acometiendo unas obras de "ampliación" ya que se están haciendo nuevos viales y se está instalando la red eléctrica. De hecho son visibles las arquetas con el nombre de Endesa, la empresa suministradora.

Los hechos fueron denunciados por Ecologistas en Acción al Área de Urbanismo del Ayuntamiento el 22 del pasado mes. No obstante, en estos días han continuado los trabajos que han progresado "de forma sostenible", según apunta Ecologistas en Acción en un comunicado.

El colectivo conservacionista recuerda que el equipo de gobierno conformado por PP y PA anunció una política activa en la defensa de la disciplina urbanística. Por ello, la entidad apunta: "Para que sea creíble la voluntad de la nueva corporación en contra de las urbanizaciones ilegales debe paralizar inmediatamente estas obras y exigir su demolición, desmontando la totalidad de la red instalada y levantando los nuevos viales construidos".

Ecologistas recuerdo que el Pago San Antonio está construido sobre suelo no urbanizable. Ya no sólo se está construyendo ilegalmente sino que también se están haciendo parcelaciones e instalando suministros en suelo no urbanizable.

Ecologistas en Acción critica "la actitud de los partidos políticos, sean del signo que sean, de exculpar de responsabilidades a los propietarios de estas viviendas ilegales cuando son los principales culpables de esta situación". Recuerda que son "los que construyen, los que promueven estas infraestructuras y los que han financiado informes técnicos falsos para intentar impedir, con la clara connivencia de la anterior corporación, las sanciones y la demolición de sus viviendas ilegales".

El colectivo conservacionista concluye señalando que hay que "acabar con las urbanizaciones ilegales y garantizar el cumplimiento de las normas legales".