Ecologistas en Acción ha remitido un escrito al alcalde, Enrique Moresco, en el que se formula una reclamación de responsabilidad contra los funcionarios y autoridades competentes por la no tramitación de un expediente sancionador por la construcción de un edificio sin licencia en una finca de la Costa Oeste.

El colectivo recuerda que denunciaron la ejecución ilegal de unas obras existentes en la finca Los Pinos, en la Carretera de Fuentebravía. Sin embargo, según la entidad, el expediente no se ha resuelto lo que supone un incumplimiento de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Ecologistas apunta que el Ayuntamiento ordenó la paralización de las obras, pero ésta no se ha cumplido por lo que recuerda que la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) establece para este tipo de infracciones dos medidas. La primera de ellas es la apertura de un expediente de restauración de disciplina urbanística, devolviendo el terreno a su estado original (lo que supone la demolición de lo realizado y la repoblación del terreno). Asimismo prevé la apertura de un expediente sancionador, con la imposición de multas coercitivas del 10% del valor de lo ilegalmente construido hasta que se proceda a su demolición.

En cambio, el colectivo conservacionista advierte de que ni se ha impuesto ninguna multa a la empresa promotora -Construcciones Chiclana 2000- ni se ha ordenado la demolición del edificio. "Las administraciones tienen un plazo máximo de tres meses para resolver las denuncias por infracciones urbanísticas, pero en este caso se ha dilatado una y otra vez la resolución del expediente, seguramente para conseguir su prescripción", advierte la entidad en un comunicado.

A juicio de los ecologistas, las medidas cautelares y disciplinarias han sido omitidas "deliberadamente". Por lo tanto, la asociación entiende que se ha incurrido en un acto de "omisión de un deber jurídico de proteger la legalidad urbanística ante la infracción del ordenamiento por los promotores de las obras". Es más llega a señalar que esta supuesta omisión está tipificada en el Código Penal como un supuesto delito de prevaricación.

Por ello Ecologistas en Acción ha solicitado al alcalde que proceda a resolver la acción pública urbanística planteada por Ecologistas en Acción, lo que debe provocar, a su entender, el inicio del expediente de protección de la legalidad y disciplinario contra las cuestionadas obras. Asimismo el colectivo conservacionista avisa de que tomará acciones penales contra los responsables municipales en el caso de que no se actúe contra la construcción.