Un edifico levantado sin licencia en la finca Los Pinos se ha demolido hace escasas fechas, a los 19 años de su construcción en suelo especialmente protegido.

La construcción de este edificio en la citada finca, en la carretera de Fuentebravía, data de 1998, cuando la empresa Construcciones Chiclana 2000 SL adquirió el suelo, declarado por entonces no urbanizable por su interés forestal, ya que en su mayoría estaba cubierto por un bosque de pinos y un denso matorral. Los responsables de la empresa procedieron a desbrozar todo el matorral, dejando el bosque muy deteriorado, e iniciaron la construcción de un gran edificio, junto a la casa señorial que perteneció a la familia Terry, de dos plantas y 654 metros cuadrados.

La última orden de demolición databa de hace dos años y acaba de ser ejecutada

Ecologistas en Acción denunció estos hechos ante el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía y la Junta sancionó a la empresa con 10 millones de las antiguas pesetas.

El Ayuntamiento no sólo se negó a abrir el correspondiente expediente sancionador, sino que firmó en 2003 un convenio -con el apoyo de IP y PSOE- con la empresa propietaria para construir 326 viviendas, un hotel y un centro comercial. Las denuncias y alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción al nuevo PGOU del municipio, y la gran movilización popular contra estos convenios urbanísticos, consiguieron que la Junta desestimara esta actuación urbanística y prescribiera en la Declaración de Impacto Ambiental que todo el pinar quedara como suelo de especial protección.

Los ecologistas consideran que "todo el proceso ha sido, adrede, una inmensa chapuza que ha llevado a que varias veces caducara el expediente por negligencia en las actuaciones". La última vez que se dejó caducar el expediente fue en junio de 2014, y de nuevo fue a instancia de Ecologistas en Acción que se volvió a reabrir.

El expediente se abrió de nuevo y en marzo de 2015 la entonces teniente de alcalde de Urbanismo, Leocadia Benavente, ordenó a la empresa Construcciones Chiclana 2000 SL la demolición de las obras.

Se ha tardado más de dos años en que se cumpla esta orden de demolición, lo que para los ecologistas "no deja de ser un fenómeno insólito en un municipio en el que se han construido más de 5.000 viviendas ilegales con el total consentimiento, cuando no expreso apoyo, de los distintos gobiernos municipales".