La Coordinadora de Asociaciones de Vecinos (Coave), presidida por José Antonio Castro Cortegana, participó este martes en la jornada celebrada en Cádiz sobre la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), bajo el título genérico de 'Bases para un nuevo Urbanismo en Andalucía', que se celebró en el salón de actos de la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, siendo inaugurada por el secretario general de Ordenación del Territorio, Rafael Márquez. A la jornada, organizada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, asistieron alcaldes, técnicos, ecologistas, asociaciones de vecinos y colectivos a favor de los diseminados, además del nuevo concejal de Urbanismo de El Puerto, Ángel Quintana, y técnicos de Planeamiento de dicha área.

El objetivo de la jornada era hablar sobre un nuevo urbanismo en Andalucía, ya que como señaló Coave, la LOUA no resuelve los problemas de la vivienda ilegal, "no ofrece una solución a a los asentamientos fuera de ordenación". Entre las causas que han motivado la iniciada revisión de la LOUA se encuentran también la crisis urbanística y la necesidad de restar complejidad a la tramitación de los procedimientos urbanísticos. Uno de los problemas de los diseminados irregulares es que para obtener agua y luz tienen que tener en primer lugar el certificado de Primera Ocupación, de manera que desde que se aprobó la LOUA en 2002, no se ha solucionado el problema de ningún asentamiento irregular. Ante este estado de cosas, el objetivo ahora es modificar la LOUA elaborando una nueva ley urbanística de Andalucía, algo de lo que se debatió profusamente en la jornada.

Para ello se ha creado una Plataforma a nivel de toda Andalucía, en la que los interesados pueden hacer propuestas, para lo cual ha nacido la Coordinadora Andaluza por la Legalización Urbanística (Calu). La primera de las propuestas de Coave, hace alusión a una realidad "sangrante y causa mucho daño", y es que en aquellas ciudades o pueblos, como El Puerto, donde esté aprobado el PGOU, en las casas que estén en zona urbanizable o urbana no consolidada, "se paralicen los expedientes y las multas coercitivas cautelarmente hasta que se regularice la vivienda". Para Coave "es un sinsentido que se den casos de viviendas donde por una parte el Plan General obliga a legalizarlas y por otro lado el Ayuntamiento les tiene abiertos expedientes de demolición. Coave quiere que en la nueva ley esto se corrija. También subirá Coave como propuesta a la Plataforma digital que la nueva normativa permita el arreglo de los accesos a las fincas cuyos caminos son intransitables. Se trata de accesos "que dan miedo", algunos competencia de los vecinos arreglarlos pero que en otras ocasiones son de titularidad municipal. Otra propuesta es que se permita a las viviendas susceptibles de regularización que puedan acceder a laluz y el agua, cuyos enganches en muchos casos están casi en la misma puerta.