Coave expresa sus dudas sobre el proceso de legalización de viviendas

  • La coordinadora de asociaciones vecinales cree que no se están preparando las infraestructuras necesarias para incorporar a las ARGs

  • Piden que Apemsa esté en la comisión de seguimiento

Una imagen de las viviendas ubicadas en la zona de Montes de Oca. Una imagen de las viviendas ubicadas en la zona de Montes de Oca.

Una imagen de las viviendas ubicadas en la zona de Montes de Oca. / d.c.

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La coordinadora de asociaciones de vecinos Coave, que agrupa a entidades vecinales de diferentes diseminados, ha querido dar su opinión sobre el proceso de regularización de las ARGs que ya está en marcha, y sobre el que recientemente se ha alcanzado un acuerdo entre equipos redactores y Ayuntamiento para la modificación de la ordenanza municipal que regula el proceso para la legalización de estos enclaves.

Coave está integrada en la Comisión de Seguimiento de la Ordenanza de Regularización, cuya próxima cita será el día 5 de febrero. A la espera de este encuentro, la entidad vecinal recuerda que en estos momentos se está tramitando en la Junta de Andalucía una modificación puntual de la Ley de Ordenación urbana de Andalucía (LOUA), a través de una proposición de ley que como señalan "va a afectar a las viviendas situadas en asentamientos que hayan sido incorporados a la ordenación urbanística". Para Coave "la nueva ordenanza además "debe dar respuesta a las carencias sociales de las personas que habitan en las zonas a regularizar".

La entidad vecinal pide que se elabore un plan director de infraestructuras

Entre otras cosas, desde la entidad se preguntan por cómo van a afrontar los vecinos el coste del proceso de regularización, teniendo en cuenta que muchas familias están afrontando además el pago de multas coercitivas.

También consideran incongruente que mientras que unas 4.000 viviendas están llamadas a sumarse al proceso de regularización, no hay una situación homogénea entre sus ámbitos y cada caso presenta circunstancias urbanísticas muy diferentes. "Las hay con luz pero sin agua, con luz y agua, asfaltadas y sin asfaltar, con alumbrado exterior y sin él, incluso zonas con alumbrado público. Esta diversidad hace que en algunos casos, el periodo de transición hasta la regularización del terreno y legalización de la vivienda pueda ser crítico, porque hay situaciones de familias que viven en condiciones de infravivienda", aseguran.

Coave apuesta por garantizar a estas viviendas "unos mínimos transitorios hasta la regularización, que permitan a sus moradores vivir con dignidad y en condiciones de salubridad".

Otro asunto que preocupa a Coave es la obligación de las administraciones de desarrollar los sistemas generales en tiempo y forma. "La regularización solo será posible si están garantizadas las conexiones a la depuradora, o bien contando con un sistema de depuración propio", indican. En relación a las EDAR de Las Galeras, afirman que "si no existen las infraestructuras de saneamiento necesarias la única solución serán los sistemas de depuración propios, aumentando significativamente el coste del proceso".

Hace unos días desde Apemsa se advertía, precisamente, que la depuradora está llegando al fin de su vida útil, y que no está preparada para asumir la carga de las nuevas ARGs.

Desde Coave recuerdan además que en el recibo del agua se paga desde hace tiempo un canon a la Junta de Andalucía para la construcción de infraestructuras, por lo que piden que se realicen cuanto antes las obras necesarias.

En resumen, la coordinadora de viviendas llevará a la próxima reunión de la comisión de seguimiento una serie de peticiones, entre las que destacan la solicitud de información sobre la modificación prevista de la LOUA hasta saber cómo afectará a los desarrollos urbanísticos; la elaboración de un plan director de infraestructuras, la suspensión cautelar de las órdenes de derribo y multas; la reclamación a la Junta de las inversiones previstas en el PGOU; y la incorporación a la comisión de seguimiento de un representante de la empresa de aguas (Apemsa) y un representante de las juntas de compensación ya legalmente constituidas.

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