A finales del año pasado, el área de Bienestar Social dejó de tener personal encargado de gestionar la asistencia que ofrece la llamada Ley de Dependencia. Los contratos de los cuatro trabajadores que tenían en plantilla fueron rescindidos el 31 de diciembre y ahora no hay nadie en Bienestar Social que pueda atender a las familias beneficiarias.

Usuarios de esta ley (en El Puerto se ha registrado una treintena de solicitudes) han querido denunciar esta situación, y algunos así se lo han hecho saber a la Junta de Andalucía, encargada de tramitar las ayudas a las personas consideradas como dependientes. Los afectados han explicado que una vez que han cumplimentado todos los trámites burocráticos para ser considerados beneficiarios (actualmente sólo a personas con máxima dependencia), el área de Bienestar Social les debería haber atendido durante este mes para comprobar qué tipo de ayuda necesitan. Sin embargo, desde esta Concejalía, les han indicado que hasta el mes próximo no se restablecerá la plantilla, con otros cuatro nuevos contratos.

Desde el Ayuntamiento han confirmado la situación denunciada por los afectados, pero han matizado que se está trabajando para poner fin al problema. Según la Administración local, los contratos de este personal de Bienestar Social se realizan a través de unas subvenciones de la Junta, que impiden la renovación de un año para otro. De hecho, esto ocurre todos los años, pero siempre salen airosos recolocando a los trabajadores. Sin embargo, este año, con la incorporación del servicio asignado a la nueva ley de dependencia, Bienestar Social sí que ha notado el problema y, precisamente por ello, se está retrasando la solución. Por su parte, el área de Personal está estudiando el modo por el cual "este servicio que se le presta a la Junta" no padezca cada año la misma situación.