El Puerto

'Apemsa no se vende' recurrirá la sentencia contra tres miembros

  • Recuerdan que la decisión judicial no es firme y la califican de "insólita"

  • Creen que la denuncia ha sido una "represalia"

La plataforma Apemsa no se vende -respetando la resolución judicial- ha mostrado públicamente su "perplejidad" ante la sentencia condenatoria contra tres miembros del colectivo -Carmen Calzado, Mª Ángeles Fernández y Juan Clavero- por la demanda que interpuso Daniel Pérez, ex consejero-delegado de Apemsa a propuesta del PP, por un supuesto atentado contra su honor.

La plataforma afirma que "se condena a estos tres miembros por unas declaraciones que no han proferido ninguno de ellos. Lo más sorprendente es que se asegure que la plataforma Apemsa no se vende no existe jurídicamente, por lo que se demanda a nivel personal a tres de sus miembros, pero sin embargo se les imputa el contenido de noticias de prensa de la Plataforma, asegurando que son sus portavoces, sin que se haya acreditado que las redactaron y firmaron".

Continúan exponiendo que "en el vídeo de 8TV que aportó el demandado, tan solo se acredita que que Mª Ángeles Fernández pidió que se investigaran los posible negocios privados de Daniel Pérez y la relación con su cargo en Apemsa. En los casos de Carmen Calzado y Juan Clavero la condena es más insólita aún, pues no se probó en la vista que existiese una sola declaración relacionada con el honor de Daniel Pérez", señalan.

La plataforma continúa exponiendo que "tanto en la vista como en las manifestaciones de apoyo del Partido Popular, la demanda es una represalia de este destacado miembro del PP por las denuncias de la Plataforma por presunta corrupción contra el consejo de administración de Apemsa durante el mandato del PP, y que ha llevado a la imputación por graves delitos a sus máximos responsables, incluido Daniel Pérez". Añaden además que "el PP y Daniel Pérez -y lo que es más grave, su abogado- al parecer desconocen que la sentencia no es firme y por tanto no tiene efectos definitivos, ni obliga a los condenados a pagar indemnización alguna. La sentencia será recurrida a la Audiencia Provincial con el convencimiento de que se hará justicia y se absolverá a unas personas que sólo han trabajado altruistamente por el interés general de los ciudadanos, investigando y denunciando los hechos y múltiples irregularidades que rodearon la privatización de Apemsa durante los mandatos del PP".

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