Apemsa defiende el funcionamiento de la depuradora de Las Galeras

  • Insiste en que la Junta nunca ha denunciado deficiencias en la planta

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Tras la nueva denuncia de Ecologistas en Acción por el supuesto mal funcionamiento de la depuradora de Las Galeras durante el pasado año, la empresa municipal Apemsa (que gestiona la planta) ha negado tal extremo, asegurando que "se cumple con la normativa vigente en materia de depuración". De hecho, insiste en que la autoridad competente, es decir, la Junta de Andalucía, nunca ha sancionado a la empresa por el incumplimiento de dicha normativa.

El problema, según ha explicado el consejero delegado de la empresa, Daniel Pérez, surge en la interpretación que hacen los ecologistas de la ley que regula la depuración de las aguas residuales: la normativa contempla "dos formas de comprobar el vertido de aguas depuradas al mar; a través del valor máximo de concentración de residuos, o por el porcentaje mínimo de reducción de éstos que se lleva a cabo en la planta depuradora. Así, mientras los ecologistas atienden a los resultados de las analíticas de la Consejería de Medio Ambiente sobre el primero de los parámetros, Apemsa se centra en el segundo.

Según Daniel Pérez, la empresa municipal sólo atiende a la reducción que se lleva a cabo en la planta, porque "no se puede aplicar el primero de los parámetros debido a la fluctuación del caudal de agua (pues en verano se duplica la población) y las características propias de la depuradora.

De este modo, Apemsa basa el correcto funcionamiento de la planta en que, del 20 de marzo al 20 de abril de este año, los porcentajes mínimos de reducción siempre se han superado. Así, si se exige una reducción mínima del 75 por ciento en la demanda química de oxígeno (uno de los niveles que se analizan para comprobar la contaminación del agua), la estación alcanzó hasta el 81 por ciento. Lo mismo ocurre con la reducción de residuos sólidos en suspensión; se pide un 90 por ciento como mínimo, y la depuradora de Las Galeras llega al 93 por ciento.

El consejero delegado asegura que en ningún momento la ley exige que se cumplan ambos parámetros al mismo tiempo, por lo que rechaza tajantemente la denuncia de los ecologistas, quienes sostienen que la depuradora sobrepasa con creces los niveles máximos de concentración de residuos en las aguas que se vierten a la Bahía. "El deseo de determinados colectivos de que la depuración se haga de otra manera, tendrá que ser recogida en una norma que hoy no existe", apunta Pérez, añadiendo que "estas pretensiones, actualmente, no tienen fundamentos ni científicos ni legales".

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