La reforma que prepara el Gobierno ha recrudecido el debate sobre la sostenibilidad económica del actual modelo energético. El principal desafío es el déficit de tarifa -la diferencia entre el coste reconocido de la energía y el importe que abonan los clientes-. Ya supera los 24.000 millones de euros y el agujero no para de crecer. Este año podría acumular otros 5.000 millones de euros, pese a que el tope legal establecido para 2012 se sitúa en 1.500 millones.

Para frenar el déficit de tarifa, el Ministerio de Industria prepara la imposición de una serie de impuestos y tasas a la actividad de generación de energía, que podrían ser aprobados en el próximo Consejo de Ministros. Según las estimaciones del sector, esta reforma fiscal supondrá un impacto de 2.000 millones de euros en las cuentas de las eléctricas tradicionales, que se unen al ajuste aprobado en marzo, que recortó en 1.000 millones la retribución de la distribución.

"Esta reforma hunde a las empresas, cuyo benefeciio en la actividad convencional en España se ve reducido literalmente a cero", señalan fuentes del sector, que apuntan que la reforma "se traduce en un trasvase de las rentas de las tecnologías de producción más eficientes hacia aquellas que no lo son, especialmente las termosolares".

Entre las eléctricas tradicionales, resulta sospechoso que los 3.000 millones de euros que les corresponde de la reforma en ciernes "coinciden prácticamente, según la Comisión Nacional de la Energía, con las primas obtenidas por las plantas fotovoltaicas y termosolares en 2011". De los casi 7.000 millones de euros que percibió el régimen especial en 2011, las tecnologías solares ingresaron unos 2.700 millones de euros, el 41% del total. Sin embargo, aportaron menos del 9% de la energía producida por el régimen especial. Estas cifras contrastan con el peso de la eólica, que produjo el 45% de la energía vendida por el régimen especial, pero recibió menos del 25% de las primas.

Las tecnologías solares tampoco están contentas con el contenido de la reforma. La asociación empresarial Protermosolar expresó ayer "su total rechazo" al impuesto a la generación eléctrica "cuya aplicación sería desproporcionada, discriminatoria y posiblemente inconstitucional". La asociación consideró la medida "manifiestamente retroactiva", ya que al aplicarse sobre la facturación, y no sobre los beneficios, "tendría el mismo efecto que una reducción de la retribución". Asimismo, la Fundación Renovables calificó de "suicida" la política energética del Gobierno, que conducirá en su opinión al "abandono definitivo" y a la "ruina" del sector de las energías verdes en España.