La batalla entre operadoras móviles y ayuntamientos estalla en Andalucía

  • Una quincena de municipios reclaman una tasa del 1,5% de la facturación de las firmas por uso del espacio público · Movistar, Vodafone y Orange advierten que no pagarán "ni un euro" y que acudirán a los tribunales

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Primero fueron las antenas y ahora la fiscalidad. Los enfrentamientos entre los ayuntamientos y las operadoras móviles no cesan. Si bien, hasta el momento, la fuente de conflictos había sido la negativa de muchos municipios a ubicar en su territorio antenas de telefonía móvil, ahora la batalla gira en torno a la aplicación de una nueva tasa por utilización del dominio público municipal, y por la que las compañías deberán abonar el 1,5% de los ingresos obtenidos en la localidad.

Ya son más de 350 los ayuntamientos, 15 de ellos en Andalucía -Sevilla, Granada, Córdoba, Almería, Écija...-, que han aprobado la puesta en marcha del impuesto, algo que ha levantado en pie de guerra a las operadoras, que advierten que no pagarán "ni un solo euro" porque se trata de una "figura fiscal creada a medida con un objetivo claramente recaudatorio". Para los portavoces de Redtel, asociación que agrupa a las principales compañías del sector, Movistar, Vodafone y Orange, este gravamen no busca sino "compensar la caída de la construcción y su consiguiente impacto en las arcas municipales".

Además, a su juicio, se trata de un impuesto "ilegal", ya que no se ajusta a lo estipulado por la Ley de Haciendas Locales. "Ésta establece expresamente que la telefonía móvil queda excluida del ámbito de aplicación de la tasa de ocupación del dominio público municipal en su régimen de cuantificación especial (1,5% de los ingresos)". La razón estriba en que, a diferencia de la telefonía fija, el gas, el agua o la electricidad -extienden tendidos, cableados, redes, canalizaciones-, esta actividad no aprovecha el espacio público -excepto el espectro radioeléctrico, gravado por el Estado, como veremos ahora-, sino el privado, como azoteas, parcelas o polígonos, por los que ya paga alquileres a sus propietarios.

"Lo que persiguen los municipios es aplicarnos una doble imposición por el mismo concepto, la del Estado y la suya, algo que no estamos dispuestos a tolerar", añaden. Y es que, por este capítulo las compañías ya pagan al Gobierno en torno a 250 millones de euros anuales, una cantidad que se ha incrementado un 27% desde 2002.

Es más, con este gravamen, Movistar, Vodafone y Orange sostienen que los ayuntamientos "vulneran el acuerdo alcanzado con la reforma de la Ley de Haciendas Locales, en 2002, cuando aceptaron excluir los servicios móviles de la tasa a cambio de que las compañías asumieran una subida histórica del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) del 900%", explican. Hoy, el sector abona más de 80 millones al año por esta tasa local.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) rechaza todos estos argumentos y asegura que "el impuesto es legal" y que el alza del IAE "no fue más que una adaptación de dicha tarifa a la realidad económica de 2002, ya que cuando se aprobó en 1990 apenas existía la telefonía móvil".

Las operadoras, que además dicen que esta tasa es discriminatoria porque no se aplica a otras actividades que también usan el espectro radioeléctrico como la radio o la televisión, estiman que la generalización del impuesto en todos los municipios españoles (8.112) podría acarrearles una factura fiscal de 265 millones anuales, siguiendo los cálculos de la FEMP, que se basan en datos de la CMT. Para el caso de Andalucía, la cantidad rondaría los 47 millones al año.

Las operadoras son contundentes: "Se van a recurrir todos los casos; los ayuntamientos pueden olvidarse de cobrar, ya que la presentación de recursos en los tribunales implica la paralización del pago hasta que haya sentencia firme".

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