En el día que se cumple el segundo aniversario de la intervención judicial de las filatélicas Fórum y Afinsa, que perjudicó a 460.000 personas, medio centenar de afectados acudieron hoy a la Audiencia Nacional para pedir a los jueces que agilicen los trámites y para interponer una demanda al Estado acusándole de negligencia. Con ello, los afectados por la estafa filatélica abren la vía contencioso-administrativa contra el Estado, al considerar que no regularon la actividad de las empresas en sus 27 años de vida.

Tras no haber recibido respuesta alguna del Gobierno a las reclamaciones administrativas presentadas hace un año por los afectados de la estafa filatélica protagonizada por Fórum y Afinsa, hoy, día en que la intervención de las dos filatélicas cumple dos años, decidieron dar un paso adelante y elevar sus quejas al terreno de lo contencioso-administrativo. "Llevamos esperando dos años a que el Gobierno nos de alguna respuesta, así que acudimos a los tribunales en busca de justicia y solución", explicó Antonio Corredoira, portavoz de la Federación de Afectados Filatélicos (FAF), que representa a 25.000 afectados.

Con esta demanda, los perjudicados persiguen que la Justicia indague si el Estado es responsable porque "los bienes tangibles han estado desregulados por los sucesivos gobiernos de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, que dejaron que las empresas actuaran como bancos".

Ahora, la Audiencia Nacional, que ya tramita 60 demandas presentadas anteriormente solicitará al Ministerio de Economía y Hacienda, al Ministerio de Sanidad y Consumo, la Agencia Tributaria, la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que remitan los expedientes abiertos por las reclamaciones administrativas.

Sin embargo, Manuel Vilches, abogado representante de 6.000 afectados, explicó que la resolución de esas demandas "podría tardar entre seis y ocho años y que seguramente será el Tribunal Supremo el que resuelva finalmente". Por el momento, Vilches señaló que las sentencias dictadas por los juzgados de lo mercantil que llevan el caso corroboran que las filatélicas actuaban como "bancos depositarios", con lo que "se deduce claramente la responsabilidad del Estado".

Medio centenar de afectados se personaban en la Audiencia Nacional para interponer la demanda y continuar sus protestas a gritos de "Justicia sí, limosnas no" y "Otra Rumasa, qué pasa, qué pasa". A la concentración también acudieron los representantes legales de 6.000 de los 23.000 afectados poro Afinsa en Portugal, sobre lo que dijeron que también pedirán responsabilidades al Gobierno luso.

Los manifestantes se trasladaron posteriormente a la sede del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y al Ministerio de Economía y Hacienda, donde entregaron un escrito al ministro Pedro Solbes para pedirle una reunión que establezca medidas urgentes.

De esta forma, la Asociación de Usuarios de Servicios bancarios, Ausbanc, pidió rapidez a los órganos judiciales que llevan el caso para que los perjudicados puedan recuperar su dinero cuanto antes. En la misma línea, la presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), Francisca Sauquillo, afirmó que el proceso concursal está "muy avanzado", pero que "la vía penal va más lenta de lo que nos gustaría".