El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha explicado hoy que quiere colaborar con las comunidades autónomas en la búsqueda de un sistema informático que permita conocer el número de bajas laborales que se coge cada trabajador y el volumen de partes de baja que expide cada profesional médico. Esta medida ayudaría al Ministerio de Trabajo e Inmigración a combatir el absentismo laboral, diferenciando entre el que está justificado por enfermedad del que es fruto de la picaresca de los trabajadores.

Actualmente, el Ministerio de Trabajo e Inmigración sólo puede controlar estos procesos de baja a partir del decimosexto día, momento en el que pasa a hacerse cargo plenamente de la prestación económica del trabajador. Los quince días anteriores de la baja los paga la empresa, por lo que, para evitar los controles de la Seguridad Social, lo que hacen algunos trabajadores es cogerse un mayor número de bajas pero de duración más corta. En definitiva, lo que pretende Trabajo es que "pague quien pague" haya un control sobre este tema.

El absentismo laboral es mayor en el sector del autómovil, donde buena parte del sueldo (cerca de un 40%) está ligado a la productividad, y en el sector público, pues la edad media de sus trabajadores es superior a la del sector privado.

La Seguridad Social también quiere que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboren más entre ellas, fomenten el asociacionismo a través de nuevos procesos de fusión y trabajen más estrechamente con los servicios sanitarios públicos de las comunidades autónomas, lo que permitiría a su vez ejercer un mayor control sobre la calidad de los servicios que prestan estas entidades.

En concreto, la Seguridad Social pretende que el Ministerio de Sanidad pilote junto a Trabajo un proceso que permita a los servicios sanitarios autonómicos aprovechar los recursos de las mutuas y a éstas servirse de lo que les ofrece la sanidad pública, y todo con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos.

Se trataría, ha dicho Granado, de que las mutuas redujeran "radicalmente" su necesidad de comprar y vender servicios al sector privado y de que éstas y los servicios sanitarios públicos se utilizaran mutuamente.

Esto evitaría, por ejemplo, que una mutua recurriera a un acuerdo con una consulta o médico del sector privado para poder prestar sus servicios, pues podría hacerlo en un hospital público. Además, los recursos de los que disponen las mutuas, especialmente notables en áreas como la traumatología o la rehabilitación, ayudarían a 'descargar' las listas de espera de los hospitales públicos con los que colaboraran.

El modelo que le gusta a la Seguridad Social es el que está vigente en Aragón. Allí existe un consorcio entre la Dirección General de Salud y una mutua regional para cogestionar hasta cinco hospitales comarcales.