Solbes se opone "radicalmente" a que el Estado acuda en rescate del sector inmobiliario

  • El ministro de Economía rechaza ayudar a las firmas más atrevidas cuando "las cosas van mal"

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Claro y contundente. Así se mostró ayer el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, al manifestarse en "radical desacuerdo" con la idea de que el Estado deba intervenir en el sector inmobiliario "cuando las cosas van mal". Matizó que el Gobierno sólo debería actuar apoyando la creación de viviendas de protección oficial.

Solbes habló de la situación de "desaceleración" de la economía española y negó que estemos ante "una catástrofe". En cuanto a los efectos de esta desaceleración en el sector de la construcción, opinó que el Estado no debe actuar en el sector inmobiliario "cuando las cosas van mal". "¿Debemos, como algunos piensan, actuar como en los viejos tiempos, dando respaldo a algunas empresas que han apostado de forma más atrevida que otras, lo cual les ha permitido ganar mucho dinero? ¿cuando las cosas van mal es el Estado el que debe actuar? Desde luego, no es mi filosofía, estoy en radical desacuerdo con esas ideas", subrayó.

El vicepresidente segundo del Gobierno señaló que no cree que el Estado deba "hacer cosas excepto en un punto concreto", apostar por la construcción de VPO. En este sentido, añadió que el Gobierno está dispuesto "a jugar más fuerte para que haya más vivienda de protección oficial, pese a que sabemos que resulta muy complicado porque hay competencias locales y autonómicas" en la materia. Con esta medida, "mantendríamos la actividad de la construcción de manera sustancial y daríamos salida al estrato de la población que no puede acceder a la vivienda libre".

"En mi opinión, cualquier idea sana y sensata es discutible pero cualquier idea que implique que el Estado deba sustituir al empresario cuando a éste le va mal, a mí me resulta muy difícil de aceptar", expresó el vicepresidente.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró ayer que el superávit de la Seguridad Social de este año superará los 8.000 millones de euros previstos a pesar de la desaceleración en la creación de empleo. Indicó que ha sido posible gracias a que los ingresos correspondientes a diciembre y enero aumentaron en 1.200 millones, de modo que la tasa de incremento de los mismos se situó en el 6,6 por ciento, el mismo alza que el año anterior.

Caldera recordó que estas cifras se están consiguiendo pese al aumento del desempleo, lo que demuestra que la economía "sigue funcionando bien y generando empleo de calidad". Asimismo, y a pesar de que advirtió que el paro puede volver a subir en febrero, auguró que la afiliación se recuperará a finales de mes.

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