El Parlamento de Grecia aprobó un duro plan de ahorro para reducir el déficit fiscal y arreglar las maltrechas finanzas que permita al país obtener un paquete de ayuda exterior multimillonario, pese a que ha sido rechazado por amplias capas de la población.

El gobernante Movimiento Socialista Panhelénico (Pasok), con una cómoda mayoría absoluta, obtuvo la luz verde para este programa de tres años, con una aplicación inmediata e, incluso, con efectos retroactivos en algunos casos. Pero ante las puertas del hemiciclo unas 20.000 personas protestaban, por segundo día consecutivo, contra este plan, que comportará una pérdida considerable de la calidad de vida para muchos de los 11 millones de griegos.

El programa -aprobado por 172 diputados a favor, 121 en contra y tres abstenciones, además de cuatro ausencias- prevé ahorrar 30.000 millones de euros en tres años y rebajar el déficit del actual 13,6 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) a menos del 3 por ciento fijado por el Tratado de Maastricht para la Eurozona. Abarca duros recortes salariales y de las jubilaciones, tanto en el sector privado como el público, y vetará nuevos contratos de funcionarios en los próximos tres años. Hasta la fecha, ya se ha aplicado el aumento del 10 por ciento en los impuestos sobre el tabaco, el alcohol y la gasolina, además de una subida del IVA, un incremento de la edad de jubilación y la flexibilización de los despidos.

El progreso en la aplicación del plan será supervisado por un consejo de vigilancia en el que participarán expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea (CE), los tres organismos que conceden la asistencia. Este monto servirá, entre otros objetivos, para cubrir el pago de la deuda griega, que con 273.000 millones de euros, supera el 115 por ciento del PIB. El vencimiento más inmediato de bonos griegos es el 19 de mayo, cuando Atenas debe satisfacer unos 9.000 millones de euros, de los que no dispone.

El primer informe sobre el cumplimiento del plan de austeridad se presentará en junio y de sus resultados dependerá que prosiga el flujo de la ayuda exterior, de 80.000 millones de euros del Eurogrupo y 30.000 millones de euros del FMI.

El debate parlamentario se vio empañado por la muerte ayer de tres personas en un incendio provocado por manifestantes en una sucursal bancaria en Atenas, durante una multitudinaria huelga general de 24 horas convocada por los sindicatos mayoritarios. Al respecto, el primer ministro griego, Yorgos Papandréu, dijo ante el pleno de Parlamento: "Ni la violencia ni las piedras nos sacarán de la recesión, sino que nos crearán un mayor problema".

También subrayó la necesidad de aislar a los violentos, aunque no se esté de acuerdo con el Gobierno, y afirmó que entiende la rabia ante la situación creada por la irresponsabilidad y la rapiña que salen a la luz cada día, en alusión a la deficiente gestión económica heredada del anterior Ejecutivo conservador en octubre de 2009. "No pediríamos ahora sacrificios si no hubiera precedido tal rapiña", declaró Papandréu, tras reconocer que "todos los que gobernaron Grecia tienen la culpa de la situación actual". Entre ellos estaba su propio padre, Andreas, que gobernó entre 1981 hasta 1996, con interrupciones, y que abrió generosamente el grifo del Estado de bienestar a los griegos.

Yannis Stournaras, un conocido economista griego y director de la Fundación de investigación económica e industrial (IOBE), explicó que el programa en ciernes y el paquete de rescate son la única alternativa viable para Grecia y no la declaración de bancarrota estatal, aunque el precio social a pagar será alto. La reacción generalizada de rechazo a las medidas de ahorro en Atenas y otras ciudades se ha hecho patente desde hace semanas con protestas y huelgas, que el miércoles paralizaron muchos servicios públicos, incluido el tráfico aéreo, marítimo y ferroviario.