Andalucía será una sola voz en el debate de la nueva Política Agraria Común (PAC), abierto el pasado 12 de abril por el comisario del ramo Dacian Ciolos. La jornada Andalucía hacia la PAC 2014-2020, celebrada ayer en Sevilla, supuso el colofón de un proceso de análisis impulsado por dos mesas de trabajo: una sobre la gestión de mercados, y otra sobre pagos directos. En ellas han participado las organizaciones agrarias, Asaja, COAG y UPA, la de cooperativas, Faeca, los sindicatos UGT y CCOO, la CEA y expertos.

El consenso es prácticamente un hecho y sólo falta plasmarlo en el papel. Probablemente a finales de junio, la Consejería de Agricultura remitirá el texto al Consejo de Gobierno y al Parlamento, y lo presentará en Madrid y Bruselas como aportación andaluza al debate.

La propuesta pasa, ineludiblemente, por el mantenimiento de las ayudas directas. Lo explica Agustín Rodríguez, de UPA: "Queremos partir del modelo que tenemos y mejorarlo". No se trata, pues, de darle la vuelta a la PAC como un calcetín sino de conservar lo que hay y avanzar. De todas formas, "cualquier cambio en la distribución de los pagos directos requiere un periodo transitorio suficientemente largo que permita la adaptación de las explotaciones a la nueva situación", se dice en el avance del documento distribuido por Agricultura.

Otro punto en común es el no rotundo a la tarifa plana de cien euros por hectárea lanzada por el Gobierno español en un documento de reflexión. "El café para todos rompe el principio de igualdad -opina Miguel Afán de Ribera, secretario general de Asaja Sevilla-; porque entregamos el mismo dinero a gente que no tiene nada que ver". Por eso la propuesta andaluza llama a tener en cuenta "las particularidades sectoriales y territoriales del sector agrario". Se va incluso, más allá, como deja claro la consejera, Clara Aguilera. "Pedimos mayor peso para las regiones de lo que han tenido hasta ahora, porque no es lo mismo el sector agrario andaluz que el de La Rioja o Cantabria". Más poder para las autonomías, pero rechazo rotundo a la renacionalización de las ayudas. "Eso sería tan negativo como su desaparición; iría contra la esencia, no sólo de la PAC, sino también de la UE", afirma Aguilera.

La petición andaluza también pide hacer más fácil para los agricultores la condicionalidad (buenas prácticas necesarias para obtener las ayudas), y establecer mecanismos de intervención en los mercados en caso de crisis graves de un sector. Junta y organizaciones agrarias exigen la creación de contratos estándar a nivel europeo, un cambio en las normas de competencia que tenga en cuenta la peculiaridad del sector, un mayor poder para las organizaciones interprofesionales para que decidan sobre precios y un código de buenas prácticas. También se tiene en cuenta la extensión de los seguros de ingresos para garantizar producciones y rentas y se aboga por mantener las políticas de desarrollo rural.