El Gobierno ha repartido entre las Comunidades Autónomas 47 millones para cubrir los servicios sociales de atención básica que prestan las corporaciones locales, una partida incluida en los Presupuestos Generales del Estado y que se ha reducido un 45,4 por ciento respecto al año anterior. Este es uno de los asuntos que se han abordado en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, a la que ha asistido la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y los consejeros del ramo, que volverán a reunirse para debatir la reforma de la ley de Dependencia.

En concreto, la cantidad que se ha distribuido entre las Comunidades ha sido de 47,3 millones de euros, un 45,4% menos que el año anterior, como consecuencia del ajuste y la consolidación fiscal a la que se enfrentan las administraciones para adecuarse a los objetivos de déficit comprometidos. Pero esta partida que llegará a las corporaciones locales, aunque ha disminuido, permitirá, según el Ministerio, que se mantengan y sigan con sus actividades centros como comedores sociales, de estancia diurna, minirresidencias o pisos tutelados, albergues para personas sin hogar y centros de acogida para personas con graves problemas de convivencia.

A esta cantidad total, según fuentes del Ministerio, hay que sumar 200.000 euros, como consecuencia de la ampliación del crédito a Ceuta y Melilla en 100.000 euros cada una, según acordó el Consejo de Ministros. Esta partida a las Comunidades permitirá, según el Ministerio, dar a los ciudadanos servicios sociales adecuados para la cobertura de sus necesidades básicas, dotar de apoyo económico y asistencia técnica a las corporaciones locales y consolidar la red de servicios sociales municipales con atención prioritaria a la ayuda a domicilio y la teleasistencia.

El Ministerio, además, por medio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), cofinanciará el programa de ayuda a domicilio de los ayuntamientos de Ceuta (979.480 euros) y Melilla (733.484). En la Conferencia Sectorial, también se ha acordado que las comunidades reciban 550.000 euros para desarrollar sus respectivos programas contra la marginación del colectivo gitano, unos proyectos que tendrán que realizarse en relación a la educación, empleo, salud y vivienda para su integración social. Junto a estas medidas, también se ha abordado un borrador de catálogo de referencia de servicios sociales para fijar unos criterios mínimos de calidad para todo el Estado. Una cuestión en la que, según fuentes del Ministerio, ha habido consenso para que se tramite con celeridad.

En el borrador se determinan los servicios básicos y los complementarios y se distingue también entre prestaciones de servicios (de información, valoración, de atención telefónica, protección de menores y atención psicosocial, entre otros) y las económicas (como las rentas mínimas, ayudas de emergencia, a víctimas de violencia de género y a personas en situación de dependencia).