El Gobierno francés quiere que se depuren responsabilidades en el escándalo que envuelve a Société Générale, desde que la semana pasada trascendiera que el corredor de bolsa Jerome Kerviel había causado en sus cuentas un agujero de 4.900 millones de euros. Para conseguirlo, el Ejecutivo ha aumentado sus presiones sobre la cúpula del que se considera el tercer banco del país y, si el lunes se pronunciaba al respecto el presidente, Nicolas Sarkozy, ayer hicieron lo propio las ministras de Economía y Justicia, Christine Lagarde y Rachida Dati. "Corresponde a los directivos asumir sus responsabilidades en dos cosas: la situación actual y el futuro de una institución con más de 120.000 trabajadores y millones de clientes", señaló Lagarde. La titular de Justicia fue algo más lejos en sus declaraciones, y dejó entrever que el presidente del banco, Daniel Bouton, "podría verse comprometido" judicialmente.

El Gobierno también dejó claro ayer que saldrá al paso de cualquier oferta de compra hostil que se lance sobre Société Générale. El Ejecutivo "está muy atento a todos los riesgos de desestabilización" del banco, indicó el primer ministro, François Fillon, quien subrayó que, pese a tratarse de una entidad privada, la "primera" responsabilidad es "pensar en sus asalariados y clientes".

De momento, son numerosos los frentes que siguen abiertos. Por un lado, la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) ha abierto una investigación, porque sospecha que uno de los administradores del banco utilizó información privilegiada y vendió acciones de forma masiva antes de que se hiciera público el desfalco. Por otro, Kerviel ha acusado a la entidad de estar al corriente de sus actividades y haber cooperado con él en cierta medida.

Ayer trascendió, asimismo, que un broker de Société Générale, padre de dos niños y que vivía con una trabajadora del banco, se suicidó en junio de 2007 tras haber adquirido compromisos financieros por valor de 9 millones de euros a espaldas de sus superiores.