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Economía

Farré pide autorregulación a las operadoras para "erradicar" los contenidos "ilegales" de internet

  • La SGAE insiste en el 'modelo Sarkozy' y los productores audiovisuales están "escandalizados ante un país tercermundista a la hora de defender la propiedad intelectual"

El director de relaciones institucionales de la SGAE, Pedro Farré, ha instado hoy a las operadoras de telefonía a establecer un modelo de autorregulación para "erradicar" los contenidos "ilegales" que circulan por la Red. En el marco de un encuentro informativo, Farré ha explicado que esta medida supondría "ponerse a la altura" de otros sectores como la publicidad o los medios de comunicación, que ya cuentan con códigos de autorregulación.

Esta situación ya se ha producido en Francia y, más recientemente, en Gran Bretaña. Así, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, firmó un acuerdo con los proveedores de internet por el que éstos deben vigilar los archivos que se descarguen o intercambien sus clientes. En caso de que estas compañías detecten contenidos considerados ilegales, iniciarán acciones contra el 'pirata informático' que podrán conllevar la suspensión temporal e, incluso, definitiva de su conexión a internet.

En la misma línea, el presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE), Pedro Pérez, ha criticado la expansión de la banda ancha sin contar con la autorregulación. En este sentido, destaca que el sector "ha empezado mal", pero confía en un "rápido" avance.

"Juces y policías"

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Empresas de Electrónica Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (AETIC), Jesús Banegas, se ha mostrado contrario a la entrada de este código al considerar que la obligación de legislar y hacer cumplir las leyes recae en "los jueces y policías". No obstante, sí admite que la descarga ilegal masiva es resultado del "uso indebido de las tecnologías, lo que revela un estado ético y moral francamente mejorable para España". En su opinión, "España es un país de 'okupas' con sentencias que los defienden".

Por su parte, el portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, ha indicado que será necesario incluir en el futuro "mejoras legales", entre ellas, la obligatoriedad de advertencias de ilegalidad en la Red o la "tipificación" de la explotación de derechos de autor.

'Top manta'

La FAPAE estima que a finales de este año en España las películas vendidas en el top manta (cerca de 96 millones) duplicarán la cifra de venta legal de películas en comercios. Asimismo, los internautas descargarán un total de 527 millones de películas este año, frente a los 240 millones de 2007, lo que supondrá una media de 70 películas al año por cada persona que accede a este servicio, según la FAPAE, "ilegal".

Pérez se ha basado en un estudio de la consultora GFK para anunciar que se estima que 9,2 millones de españoles, el 22 por ciento de la población, descargan música de forma "ilegal" en la red, mientras que 7,5 millones de personas -el 18 por ciento de los españoles- consumen cine del mismo modo. El hecho de que España esté incluida en la sección 'Especial 301' (PDF en inglés) de la legislación de comercio de Estados Unidos, como uno de los países que no combaten la piratería, hace sentirse a Pedro Pérez "escandalizado ante un hecho propio de un país tercermundista a la hora de defender la propiedad intelectual. La legislación actual deja indefensos a productores y creadores", ha asegurado.

Por su parte, el cantante del grupo musical El dúo dinámico Manuel de la Calva, también presente en el debate, ha denunciado que las ventas de discos en España en los últimos cinco años decrecieron un 52 por ciento. Además, hasta el día de hoy, se han cerrado 63 salas y 105 pantallas.

El coloquio "Piratas del siglo XXI" es la tercera iniciativa en las últimas dos semanas que aborda la piratería digital, tras las reacciones de los Productores de Música de España (Promusicae) y de la Federación por la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP), que buscaban llamar la atención acerca de la inclusión de España en las listas estadounidenses de países con escaso compromiso ante dicho problema.

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