Myriam Fernández de Heredia es la directora general de ratings soberanos de S&P para Europa, África y Oriente Próximo. A su cargo, cincuenta expertos; entre sus víctimas, la nota de España, aún BBB+, todavía en grado de inversión aunque un solo peldaño menos signifique especulación. Standard and Poor's nació hace 150 años en EEUU para informar a los bancos sobre la fiabilidad pagadora de las empresas que pretendían construir el ferrocarril. Hoy es una de las tres grandes en un sector marcado por la lacra del oligopolio (apenas China y Japón cuentas con alternativas medio serias) y la sospecha del conflicto de intereses. Sus clientes son principalmente los sujetos calificados. El sector factura al año más de 2.000 millones de dólares.

Fernández de Heredia intenta explicarse: el rating no es una auditoría, ni una recomendación de compra o venta, ni tampoco una evaluación directa de la gestión o la opinión aislada de un analista. S&P crea comités de especialistas que son el cogollo de las decisiones finales. Un número siempre impar de personas discute "sin interferencias externas" y comunica las calificaciones a la autoridad competente al menos 12 horas antes de divulgarlas. "El rating es la capacidad de una empresa o entidad de hacer frente a sus deudas en el momento en el que venzan, pero el inversor debe hacer también su propio análisis". Las agencias de calificación suelen cubrirse las espaldas con esa afirmación, pero a la vez procuran reforzar su credibilidad con esta otra: "Todos nuestros estudios de impago han encontrado una correlación clara entre la calificación otorgada y la frecuencia de impago". Las notas de Grecia y Portugal, por ejemplo, comenzaron a degradarse hace cinco o seis años, pero España empaña sólo ahora una trayectoria intachable en la última década que contradice esa teoría de los "malos históricos y reincidentes".

Los comités tienen en cuenta en sus deliberaciones factores políticos, económicos, externos, fiscales y monetarios, añadiendo asimismo una cláusula excepcional de ajuste a la baja que se activa, por ejemplo, en caso de guerras o problemas serios de liquidez. Este sistema permanece inalterado desde hace 30 años y es, presuntamente, casi infalible. Según S&P, desde 2004 únicamente se han producido siete impagos entre organismos calificados con la máxima nota (la triple A). Los fallos han sido por desgracia clamorosos: las subprimes eran oficialmente un producto gourmet un suspiro antes del estallido de la crisis.

El gran problema de las agencias de rating es que actúan sin competencia y provienen de Wall Street, corazón del verdadero Imperio, aunque Fernández insiste una y otra vez en que S&P es una multinacional fuertemente arraigada en Europa y sin intereses bajo bandera. Las sacudidas de la deuda soberana en la periferia de la Eurozona han sembrado en Bruselas el debate sobre el control de estos creadores de opinión crediticia. La posibilidad de diseñar una agencia pública europea que contrarreste a las americanas está sobre la mesa, pero nacería con la sospecha de ser a la vez juez y parte. S&P defiende, sin embargo, la utilidad de los controles actuales. La SEC regula sus actividades desde hace seis años en EEUU, y la ESMA hace lo propio en el viejo continente desde hace dos. Las turbulencias que provocan con sus decisiones, su promiscuidad mediática y el aparente oportunismo con que aparecen y desaparecen han convertido al sindicato del rating en un sospechoso habitual. La pelea por domesticarlo se recrudecerá conforme España e Italia se acerquen más aún al abismo.