El Congreso ha convalidado los primeros e importantes ajustes fiscales y de la función pública con los que el Gobierno busca un ahorro de 65.000 millones de euros hasta 2014 con el objetivo de cumplir sus compromisos europeos y garantizar la financiación de los servicios básicos. El decreto se ha aprobado sólo con el apoyo del PP al haberse abstenido su socio habitual, UPN, y con el rechazo del resto de la oposición (180 síes, 131 noes y 1 abstención).

ERC, Amaiur, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y Compromís se han ausentado de la votación y han aprovechado para llamar a la población a movilizarse esta misma tarde en las manifestaciones convocadas contra los "recortes" del Gobierno. En un encendido y prolongado debate, el encargado de defender los ajustes -que incluyen una subida del IVA desde septiembre y la congelación de una paga a los funcionarios que ganen más de 962 euros al mes y la bajada de prestación por desempleo- ha sido el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Ha sido contundente al afirmar que "no hay dinero en las arcas públicas para pagar los servicios públicos", y ha pedido -sin éxito- el apoyo del PSOE y el resto de la oposición porque "no hay otra oportunidad" y "la alternativa será peor". Ha recordado que muchos de los cambios que se introducen son una recomendación expresa tanto de la Unión Europea (UE) como del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tras admitir que el Gobierno también ha tenido que dejar "parte de sus ideas a la orilla del camino" -siempre se había mostrado contrario a la subida de impuestos, por ejemplo- ha apelado "con humildad" a la ciudadanía para hacer este "esfuerzo importante". Así, ha abogado por "renunciar" a los servicios públicos que no son financiables, y ha asegurado que en este sector "de lo que podamos prescindir hay que hacerlo, y no al revés". A pesar de reclamar especiales sacrificios a los empleados públicos, Montoro ha asegurado que no se les suprime la paga extra de Navidad, lo que se hace es una "congelación" para luego devolverla en 2015.

En materia impositiva ha defendido que la bajada de cotizaciones sociales en 2013 y 2014 "dará lugar a la creación de empleo, compensando perfectamente los efectos negativos que tiene la subida del IVA". El ministro ha responsabilizado en gran parte de la actual situación al gobierno socialista, al que ha acusado de hacer desde la oposición "demagogia fiscal". "Si Zapatero hubiera acortado la legislatura, nos habríamos ahorrado mucho sufrimiento y no hubiéramos llegado a este nivel de deterioro", ha opinado.

En una intervención más dura que la que dedicó al presidente del Gobierno cuando anunció estos mismos ajustes, el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que se trata de una "enmienda de Rajoy a Rajoy", porque "deroga" el Presupuesto para 2012 aprobado hace un mes. Tras criticar la ausencia de Rajoy en la convalidación del "recorte más grande" de la historia de España, algo que también han hecho otros portavoces, ha recalcado que "lo malo es que los errores del Gobierno, y ya van muchos, los pagan los españoles".

Por parte de CiU Josep Sánchez i Llibre ha considerado la política del Ejecutivo "errónea y contradictoria" porque va a provocar una "economía de guerra con índices de consumo menores", la "asfixia" de las familias, un "grave perjuicio" para el tejido productivo y un incremento de la economía sumergida. Joan Coscubiela, en nombre de Izquierda Plural, ha lamentado el recorte "injusto" y "ruin", y ha acusado al Ejecutivo de "consumar una estafa democrática a la ciudadanía", con la que "ha roto cualquier vínculo emocional". "Lo peor no son las medidas, por injustas e ineficaces, si no las mentiras", ha añadido la portavoz de UPyD, Rosa Díez. Ha protagonizado un rifirrafe con el ministro, quien le ha exigido retirar la acusación que le había hecho de haber llamado "vagos" a los funcionarios por decir que deben trabajar más horas, a lo que se ha negado la diputada.

Pedro Azpiazu (PNV) ha justificado su rechazo porque los ajustes impactarán negativamente en la economía, provocarán más recesión y vulnerarán las competencias autonómicas. Dentro del grupo mixto, Uxue Barkos (Geroa-Bai) ha advertido de que por parte de su partido habrá "combatividad". Carlos Salvador (UPN), que finalmente se ha abstenido, ha dicho que es muy tentador quedarse en la barrera "para ver como el toro de la crisis cornea", pero ha considerado que eso no tiene lógica y ha pedido más unidad. Enrique Álvarez (Foro Asturias) ha criticado el proceder político del Gobierno por sus "constantes incumplimientos programáticos" y Joan Baldoví (Compromis) ha denunciado el intento de "poner de rodillas" a los ciudadanos.

Pedro Quevedo (CC) ha dicho que el Gobierno "improvisa" porque le preocupan más las "palmaditas" del núcleo duro de la UE que el interés de los españoles y Francisco Jorquera (BNG) ha rechazado que no se no mueva "un dedo" contra el fraude fiscal mientras se acomete "el mayor ataque de la historia contra los ciudadanos". Teresa Jordá (ERC) ha acusado al Gobierno de "dinamitar" políticas sociales y "cepillarse" el estado de las autonomías y Sabino Cuadra (Amaiur) ha pronosticado que el 26 de septiembre habrá huelga general en toda España, después de que se haya convocado en el País Vasco por los sindicatos nacionalistas.