El Corte Inglés ha levantado la voz para denunciar que el comercio tradicional crea riqueza y empleo y paga sus impuestos, mientras que los nuevos operadores a través de internet no hacen ni lo uno ni lo otro y además se instalan en paraísos o limbos fiscales, desde donde se benefician de la competencia fiscal y ventajas de regulación (por ejemplo, libertad de horarios comerciales).

En sentido amplio se puede entender la competencia fiscal como el establecimiento de ventajas fiscales, regulatorias o de provisión de bienes públicos, con el fin de atraer a personas y empresas. El foco en los últimos tiempos se centra en el Impuesto de Sociedades, especialmente tras la iniciativa de Donald Trump para reducir el tipo de gravamen norteamericano desde el 35% hasta el 15%, aunque parece ser que finalmente se quedará en el 21%. En Alemania, la canciller y el Ministerio de Finanzas están especialmente enfadados porque en el Reino Unido se plantean, tras abandonar la disciplina comunitaria y observar el éxito irlandés, algo parecido a los norteamericanos. En realidad es lo que, según la OCDE, viene ocurriendo desde los años 80. Se recortan los impuestos directos, entre ellos el de Sociedades, que son los que más influyen sobre la competitividad, y aumenta la recaudación de los indirectos, que son más neutrales y la consecuencia es que nos hemos instalado en un escenario de competencia fiscal internacional, cuyos efectos se hacen más notables a medida que aumenta la globalización.

Si un país decide bajar sus impuestos provocará el desplazamiento de empresas y personas y, con ello, sus respectivas bases imponibles. Es el mecanismo del voto con los pies, al que se refería el economista norteamericano Charles Tiebout a mediados del siglo pasado. Los consumidores y las empresas manifiestan sus preferencias fiscales (impuestos y gasto público) y regulatorias desplazándose hacia los lugares que más les satisfacen. Como se llevan consigo sus respectivas bases imponibles, es probable que la recaudación impositiva aumente donde han bajado impuestos y disminuya donde los han mantenido. Estos últimos se verán forzados a afrontar un difícil dilema. Subir impuestos, si quiere mantener los servicios públicos, asumiendo el riesgo de que la fuga de personas y empresas pueda intensificarse, o tomar represalias bajando impuestos para frenarla. En este caso, es probable que deba aceptar un mayor deterioro de los servicios públicos.

Se suele defender que la principal ventaja de la competencia fiscal es la caída de la presión y la burocracia fiscal internacional, aunque también abundan los inconvenientes. Entre ellos, la desigualdad y los privilegios, el deterioro del sistema público de bienestar y un desigual reparto de los beneficios, con ventajas para las clases más pudientes. En cualquier caso, y esto es válido de cara al escenario de competencia fiscal entre autonomías que podría alumbrar el futuro sistema de financiación autonómica, si se observa que en un determinado territorio se produce una fuerte concentración de bases imponibles, mientras que en otros desciende, lo aconsejable para estos últimos sería la revisión urgente de sus estrategias fiscales.