Bruselas da un mes a España para retirar las condiciones de la opa a Endesa

  • La Comisión Europea llevará al Gobierno español al Tribunal de Justicia Europeo si no suprime algunas de las condiciones impuestas a Enel y Acciona

La Comisión Europea (CE) da a España un mes para retirar las condiciones puestas a la adquisición de Endesa por Acciona y Enel, y le advierte que de lo contrario podría denunciarle ante el Tribunal de Justicia de la UE. La CE envió a España un dictamen motivado, el siguiente paso en el procedimiento de infracción que abrió en enero, y le pidió de nuevo que retire las condiciones.

La decisión de Bruselas se produjo una semana después de que el presidente del Tribunal de Primera Instancia de la UE, Marc Jaeger, rechazara un recurso de España para suspender la determinación de la CE de declarar ilegales varias de las condiciones impuestas a la opa de Enel y Acciona sobre Endesa.

La CE "ha pedido formalmente a España que acate su decisión" de diciembre de 2007 "de suprimir las condiciones impuestas" a la operación, señaló un comunicado. "De no recibir una respuesta satisfactoria en un mes, la Comisión podrá llevar a España ante el Tribunal de Justicia Europeo", advirtió el Ejecutivo comunitario.

La Comisión Europea determinó el pasado 5 de diciembre que algunas de las condiciones impuestas por las autoridades españolas a la opa de Acciona y Enel sobre Endesa eran ilegales, por lo que pidió su retirada. Tras la decisión española de no retirar esas medidas, el Ejecutivo comunitario inició en enero pasado un procedimiento de infracción.

"Dado que, en su respuesta, las autoridades españolas no comunican la retirada de las medidas ilegales, la Comisión ha decidido continuar el procedimiento de infracción", explicó el comunicado. La operación, valorada finalmente en unos 43.500 millones de euros, fue autorizada por la Comisión Europea en julio del año pasado.

Según el Reglamento europeo de concentraciones, la CE tiene competencia exclusiva sobre estas fusiones y los Estados miembros sólo pueden prohibirlas o condicionarlas para proteger intereses distintos a la competencia. Los únicos intereses considerados legítimos por Bruselas son la seguridad pública, la pluralidad de los medios y las reglas prudenciales, pero incluso en esos casos las medidas deben ser proporcionadas y compatibles con las leyes europeas.

Entre las medidas que Bruselas considera ilegales figuran: mantener Endesa como compañía independiente, incluida la marca, y sus centros de decisión en España; limitar la política de distribución de dividendos, así como el coeficiente de servicio de la deuda de Endesa; obligar a la adquisición de carbón nacional para sus centros de generación y conservar dentro del grupo Endesa los activos no peninsulares. El Gobierno español argumentaba que, con sus restricciones, primero a E.ON y luego a Enel y Acciona, su único objetivo es garantizar la seguridad energética nacional.

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