Los doctores expertos en genética de la Universidad de Granada José Antonio Lorente y Juan Carlos Álvarez fueron requeridos por la defensa del acusado de asesinar a Miguel Ángel y María Domínguez, Francisco Javier Medina, para que elaboraran un informe de parte sobre el ADN.

Este documento, al que ha accedido Huelva Información, está fechado en febrero de 2016 y en él los peritos barajan la posibilidad de que las elevadas cantidades de células del presunto autor de los crímenes localizadas en las tres toallas de dos baños distintos del piso de la avenida de los Reyes donde perecieron padre e hija llegaran allí por "transferencia indirecta, secundaria, masiva y acumulada a lo largo del tiempo". Es decir, que la mujer del fallecido y por entonces amante de Medina, Marianela Olmedo, pudo dejar restos de semen o sudor en esas toallas después de mantener relaciones sexuales "frecuentes y completas" con él.

Entendemos que la toma de muestras no está debidamente documentada"

Con esta apreciación, en la que los expertos indican que "los resultados existentes de ADN no permiten vincular de modo inequívoco a Francisco Javier Medina con los hechos", se ha dado paso a un generoso debate tras la siembra de la duda. Y a él se han aferrado hasta ahora los abogados del acusado, Francisco Baena Bocanegra y Juan Ángel Rivera: su cliente es inocente y su ADN está allí porque Marianela debió lavarse o secarse con aquellas toallas, algo que ella desmintió totalmente ante el jurado popular.

Los peritos refieren literalmente en su estudio que "hemos de mencionar y subrayar que los análisis de ADN realizados tanto por la Guardia Civil como por Toxicología son perfectos, impecables desde todo punto de vista, o sea, científica y técnicamente, y ponen de manifiesto lo que la tecnología actual en genética forense es capaz de aportar y nos congratula el saber que disponemos en España de profesionales y medios del máximo nivel".

A ello añaden que "estamos plenamente de acuerdo con todas y cada una de las conclusiones expresadas por los peritos del Instituto Nacional de Toxicología", quienes señalan que los restos celulares del acusado no proceden de una transferencia puntual o un hallazgo casual. Sólo difieren en su interpretación y lo dejan claro en sus conclusiones.

Sorprende ahora, pues, que haya sido la propia defensa la que haya puesto el punto y final al debate de si la transferencia de ADN al trío de toallas fue directo (Medina se secó con ellas) o indirecto (a través de Marianela). Antes incluso de que en la sala de vistas de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva el jurado popular que juzga el doble crimen haya escuchado a sus peritos, los letrados han dado un volantazo y han anunciado que solicitarán la nulidad de la prueba genética, como ya avanzó ayer en primicia este diario.

Lo hacen, según confirma Rivera (que rompió su silencio brevemente para hacer algunas matizaciones a la prensa), no sólo porque consideran que existe la posibilidad de que no se haya guardado correctamente la cadena de custodia de las muestras en su viaje al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil y al Instituto Nacional de Toxicología, sino que también cuestionan la acreditación de la toma de muestras que la Benemérita realizó a Medina, que sospechan que "no está debidamente documentada".

El letrado que defiende los intereses de la familia de las víctimas, Gustavo Arduán, ha recibido como "una buena noticia" este golpe de timón. Entiende que la defensa, después de escuchar el miércoles el testimonio de los dos máximos responsables de la investigación del caso -el capitán y el teniente del equipo de Homicidios de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado-, ha dado "un paso adelante en contra de los informes de sus propios peritos".

Arduán indicó ayer que todo atiende a una "estrategia" de Rivera y Bocanegra. Desde su prisma, como "no le cuadran esas cuentas, tienen que dar marcha atrás y plantear ahora algo que tenían que haber planteado antes".

El abogado de la acusación particular prosiguió diciendo a los periodistas que este cambio de rumbo "pone de manifiesto la desesperación de la defensa".

La magistrada que preside el tribunal que juzga los hechos ocurridos el 27 de abril de 2013 en Almonte, Carmen Orland, deberá decidir sobre este asunto en la sentencia o ponerlo antes en manos del jurado popular.