El inicio del proceso de regularización de viviendas se prorroga hasta el verano, según adelantó la delegada municipal de Urbanismo, Cándida Verdier (PSOE), ya que los técnicos municipales de Urbanismo, así como el equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), continúan trabajando en el informe que deben presentar a la Junta de Andalucía en el que se incluye una serie de requisitos para levantar o modificar las zonas suspendidas en el documento urbanístico.

El visto bueno de la Administración andaluza sobre el levantamiento de dichas suspensiones en determinadas zonas del municipio es imprescindible para que el Ayuntamiento pueda aprobar de manera definitiva en un pleno municipal las Ordenanzas de Regularización de Viviendas, un procedimiento que afectaría a 22,5 millones de metros cuadrados de suelo urbano no consolidado que engloba a 16.350 casas construidas en el extrarradio más otras 3.198 parcelas en las que se podrían edificar.

Las conexiones a las tuberías tendrían una incidencia inicial que afectará a unas mil casas

Además, si las modificaciones de las zonas suspendidas en el Plan Urbanístico son sustanciales habría que pasar por una nueva exposición pública antes de la aprobación definitiva de las referidas ordenanzas.

La delegada de Diseminado explicó que todos estos pasos alargarían el inicio del proceso de regularización en Chiclana, si bien matizó que confía en que en esta próxima temporada estival arranquen las primeras actuaciones para la instalación de servicios básicos (agua y alcantarillado).

En este sentido, reiteró que el Gobierno local (PSOE-Ganemos) ya ha expresado que los primeros trabajos para las conexiones comenzarían en la Rana Verde y en Majadillas Bajas (entre la Alameda Solano y la Cañada de Los Barrancos). Es decir, el proceso tendría una incidencia inicial en casi un millar de viviendas. Paralelamente, también se haría lo propio con inmuebles que se sitúan en los límites de zonas urbanas, desde donde las viviendas sin regularizar podrían conectarse a las tuberías generales.

Cándida Verdier espera que se aceleren lo máximo posible las tramitaciones para iniciar cuanto antes la regularización de viviendas, un proceso que, según señaló, no tiene marcha atrás y que suscita el interés de numerosos vecinos interesados en disponer de servicios básicos.

La edil socialista recordó una vez más los costes que tendrán que asumir los afectados en su fase primaria serían de una media de unos 9.500 euros (instalación de agua y alcantarillado) por vivienda, mientras que en el caso de la urbanización secundaria (pluviales, cerramientos de parcelas, telecomunicaciones y otros servicios) sumaría otros 16.000 euros más. En total, el proceso completo para la legalización de viviendas en el extrarradio alcanzaría un precio medio de unos 25.500 euros.

Además, Verdier insistió en que se han rebajado los costes un 50% en las diferentes zonas y que por unos 9.500 euros de media los vecinos podrán tener los servicios básicos. En esta línea, recordó que en las ordenanzas de 2010 el coste medio de regularización primaria y secundaria en Carboneros era de unos 45.000 euros por vivienda, mientras que ahora sería de unos 16.000 euros; en Carrajolilla se pasaría de 40.000 euros a 21.000 euros, mientras que en Majadillas Bajas se reduce de 72.000 a 22.000 euros.

Mientras tanto también cabe recordar que la Plataforma de Afectados por la Regularización Urbanística ha expresado recientemente su preocupación por "la falta de financiación" de las familias que quieran regularizar sus casas al considerar que "no pueden hacer frente" a otras cantidades que sobrepase una cuota mensual asumible, dentro de sus gastos corrientes "y eso siempre haciendo un sobreesfuerzo, para poder tener servicios básicos de agua y alcantarillado". Asimismo, este colectivo dejó constancia de su "desconfianza" hacia el Ayuntamiento en este proceso. En resumidas cuentas, la plataforma sentencia que es necesario la implicación de la Administración para que sean asumibles los costes.

Sin embargo, desde el Gobierno local se hizo hincapié en que se ha diseñado un modo de pago que de los 9.500 euros que cuesta la primera fase de regularización se establezcan cuotas que sean asumibles para que se pueda conseguir acceder a los servicios básicos con mayor facilidad.

En definitiva, el proceso de regularización sigue hacia adelante con el convencimiento por parte del PSOE de su puesta en marcha en los próximos meses, con vistas a que Chiclana se convierta en pionera de una iniciativa complicada y espinosa que, con casi toda seguridad, se enfrentará a dificultades para que el mayor número de viviendas del extrarradio tengan al fin sus servicios básicos. Además, el Gobierno local, con su alcalde al frente, José María Román, se muestra convencido en que este proceso aportará un dinamismo económico con la creación de puestos de trabajo.