La mayoría de la Corporación municipal dio ayer su visto bueno a la modificación de las ordenanzas fiscales para este año que, en resumen, consistirá en un incremento de la tarifa del agua para una familia con un consumo medio de 17 metros cúbicos al bimestre en torno a 0,85 euros cada dos meses; es decir unos cinco euros al año; o la subida de dos euros al mes a establecimientos hosteleros. Esta medida, según el delegado de Medio Ambiente, Joaquín Páez (PSOE), posibilitará la creación de una "tarifa social", que permitirá la exención del pago a unas 500 familias chiclaneras con menos recursos económicos y que son derivadas desde Servicios Sociales

Este punto salió adelante con los votos a favor de los concejales del Gobierno local (PSOE-Ganemos), de IU y PCSSP (Por Chiclana Sí Se Puede), frente a los votos en contra del PP y la abstención del concejal no adscrito Stefan Schauer.

Las intervenciones sobre este asunto se alargó durante cerca de una hora y media y propició largas discusiones entre los concejales del PSOE, IU y PCSSP contra el PP. Así, el delegado socialista de Medio Ambiente expresó que esa "tarifa social" proporcionaría a Chiclana Natural unos 140.000 euros que irían destinados a "las familias que peor lo pasan". Además dijo que ese montante supondría a su vez un ahorro para Servicios Sociales, área que se encarga de cubrir esos gastos.

Por su lado, Andrés Núñez, portavoz del PP, dijo que esa subida no es un canon social e insistió en que el incremento servirá para los pagos al Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. "Todo es falso", apostilló.

Por su lado, la edil de IU, Ana Rodríguez, aplaudió la medida y, además, defendió la instalación de fuentes de agua potable en el extrarradio como mal menor hasta que no lleguen los servicios básicos. Asimismo, Daniel Martín, de PCSSP, indicó que le parece bien la subida del agua mientras que se destine a fines sociales, mientras que Stefan Schauer señaló que el dinero para familias sin recursos se podría quitar de la inversión de casi un millón de euros en la ocupación del edificio de la Plaza Mayor para la Escuela Oficial de Idioma.

Ya por otro lado, también se aprobó el inicio del expediente para la contratación del servicio público de educación infantil de la escuela Bocoy, así como la ordenanza reguladora del comercio ambulante en la ciudad. Además, salieron adelante las propuestas del PSOE para que se restablezca los derechos perdidos en materia de Educación durante el Gobierno de Rajoy y la de PCSSP en apoyo a la huelga general de Enseñanza el 9 de marzo. Por su lado, la mayoría de las formaciones rechazaron la propuesta del PP en defensa de la educación concertada.