El colectivo vecinal denuncia errores que afectan a la ponencia de valores

  • Resaltan que su publicación se limitó a una inserción en el BOP · Una tasación independiente sitúa los valores reales muy por debajo de los catastrales y destaca la ausencia de servicios en el extrarradio

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La Federación de Asociaciones de Vecinos ha denunciado la existencia de una serie de errores, o cuando menos de deficiencias, en el proceso que se ha llevado a cabo para la aprobación de la ponencia de valores, mediante la cual se han establecido los nuevos valores catastrales de las propiedades situadas en el término municipal de Chiclana. La citada ponencia de valores fue realizada por el Ministerio de Economía y Hacienda y aprobada posteriormente por el Ayuntamiento de Chiclana.

En primer lugar, el colectivo vecinal, que ya en nuestra edición de ayer ponía en alerta a los ciudadanos sobre las consecuencias económicas del catastrazo, recuerda que "las administraciones públicas están obligadas a mantener principios de participación y transparencia". Sin embargo, y según denuncian las Federaciones de Vecinos, "la publicación de las ponencias de valores se ha limitado a una inserción en el Boletín Oficial de la Provincia". Dicha publicación tuvo lugar en el BOP del 30 de octubre de 2007, preguntándose al respecto si esto es "suficiente para que el ciudadano participe y pueda defenderse".

Por otra parte, la Federación Vecinal Pagumo hace referencia también, como prueba de estos presuntos errores, a la tasación realizada por una empresa independiente, en la que se ponen de manifiesto diversos aspectos relacionados tanto con las valoraciones como con la catalogación del suelo.

Así, el certificado de tasación realizado fija el precio unitario medio en 28,10 euros por metro cuadrado en la zona de Pago del Humo, frente a los 59,40 que ha establecido el Ministerio de Economía y Hacienda como valor catastral. Esto es, más del doble.

Del mismo modo, la certificación de tasación realiza un análisis de la situación urbanística, señalando que "el suelo donde se encuentran las edificaciones objeto de valoración", varias fincas situadas en Pago del Humo, "no cumplen con los plazos que marca el planeamiento vigente para su desarrollo urbanístico". En este sentido, realiza unas observaciones al estudio de mercado, recordando que "según las prescripciones descritas en la nueva Ley del Suelo con entrada en vigor el día 1 de julio de 2007, la valoración de estos tipos de inmuebles ubicados en suelos no urbanos al cien por cien y siempre que se cumplan los plazos que determina el Planeamiento vigente del municipio para el desarrollo del mismo, se realizan por el Método de Reposición a Neto, justificando el valor de suelo por comparación con suelos rústicos sin especulación urbanística, pudiendo aumentarse al doble en función de que sea de secano o de regadío y según la ubicación de la población".

Por todo ello, en el citado certificado de tasación se destaca que se trata de una zona no considerada, a día de hoy, como suelo cien por cien urbano.

Este es uno de los argumentos que están planteando la mayoría de los vecinos para que se revise su tasación, ya que consideran que se les está cobrando unos impuestos por unos servicios de los que actualmente no gozan. Esto es, entienden que el valor establecido en el extrarradio no puede ser el mismo que el del casco urbano, que si dispone de servicios básicos.

En este aspecto, las Federaciones Vecinales hacen responsable al propio Ayuntamiento por no cumplir con las obligaciones que marca la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

No obstante, y antes de entrar en detalles, el colectivo vecinal considera que "tan responsables son los que no dieron licencias como los que construyeron sin ellas y los que posteriormente miraron hacia otro lado, ignorando las ilegalidades".

Y es que, según recuerdan, "las Normas Subsidiarias ya contemplaban la construcción en parcelas que alcanzaran un mínimo de 2.500 metros cuadrados, pero no dieron licencias y pasó lo que pasó".

Ahora, esta situación ha derivado en la ausencia de servicios básicos, pese a que, según la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, los Ayuntamientos están obligados a prestar en todos los municipios una serie de servicios básicos.

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