Román es citado a declarar como imputado en el 'caso Coto San José'

  • El ex alcalde deberá comparecer junto con dos arquitectos municipales al vulnerarse un convenio urbanístico que ahora impide la entrega de 600 viviendas · Butrón ha sido requerido como testigo

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El ex alcalde de Chiclana y actual portavoz municipal del PSOE en la oposición, José María Román, deberá comparecer el próximo día 24 de abril ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Chiclana como imputado en el denominado caso Coto San José. Junto a él han sido citados dos arquitectos municipales. De igual modo, también deberá personarse el actual delegado municipal de Urbanismo, José Pedro Butrón, aunque en este caso lo hará en calidad de testigo.

La historia de este proceso se remonta a noviembre de 2004, cuando Román acepta como libre de cargas una parcela sobre la que pesaban hasta seis embargos. En el documento en cuestión se llegaba a afirmar que la aceptación se llevaba a cabo tras comprobar en el Registro que la misma estaba libre de cargas. En aquella fecha, sin embargo, la inscripción de los embargos ya estaba realizada. Dicha cesión formaba parte, como requisito imprescindible, del convenio urbanístico de Coto San José II-A.

A raíz de esta aceptación, y como consecuencia de la vulneración del convenio urbanístico, Cortega (una de las empresas a las que judicialmente se le ha reconocido el derecho de embargo) inicia un largo proceso judicial, que ya ha deparado sus primeras consecuencias colaterales. Y es que varios cientos de viviendas ya terminadas, de las 600 previstas en la zona, no pueden recibir por el momento la licencia de primera ocupación de forma definitiva, ya que las mismas están condicionadas a un permiso que debe otorgar la Junta de Andalucía, a través de su Delegación de Medio Ambiente, y que por el momento se antoja complicado.

Dicho condicionamiento está motivado por la instalación, sin el correspondiente permiso, de una torreta para el tendido eléctrico en la parcela embargada y, más concretamente, en una zona de servidumbre de protección.

Con el agua sucede prácticamente lo mismo, ya que la Consejería también deberá autorizar su trazado por zona de servidumbre para que la licencia de primera ocupación pueda hacerse efectiva.

Al proceso judicial iniciado en su día por Cortega se sumó a finales de 2.006 el entonces edil de IU y actual delegado municipal de Urbanismo, José Pedro Butrón, que presentó denuncia ante la Fiscalía por un presunto delito de malversación de caudales públicos por parte del entonces alcalde, José María Román. Dicha denuncia ante la Fiscalía es la que actualmente instruye el Juzgado número 2 de Chiclana. En dicha denuncia participa también la empresa Cortega, la que ya anunció a través de su letrado, José Antonio Gamero Albarrán, hace un par de semanas que citaría a declarar al anterior alcalde y dos técnicos en calidad de imputados, petición que ahora ha sido aceptada.

Como consecuencia de todo el proceso judicial, al Ayuntamiento se le presentan ahora una serie de problemas añadidos. Por una parte, la paralización en la entrega de las 600 viviendas que se encuentran terminadas o en su última fase de construcción en el Coto San José II A. Por otra parte, la paralización del planeamiento urbanístico de Coto San José II B, donde ni tan siquiera se ha podido aprobar aún el Plan Parcial. En este sentido, cabe recordar que llegó a ser retirado a última hora del orden del día de un pleno de principios del pasado año.

Además, en breves fechas saldrá a subasta la parcela, lo que llevará al Ayuntamiento a perder su propiedad, a pesar de que la misma formaba parte de un convenio urbanístico que ya está en marcha. Para no perderla, el Ayuntamiento debería abonar un mínimo de 1,2 millones de euros, que es la cantidad a la que está dispuesto a pujar Cortega para hacerse con la finca. Esta cantidad es la deuda que mantiene J&P Hogar, empresa que cedió la parcela al Ayuntamiento, con Cortega.

Por su parte, José María Román tendrá que ser juzgado para conocer si es considerado culpable o no de lo que, hasta el momento, sólo es un presunto delito de malversación de caudales públicos y prevaricación. En caso de ser declarado culpable, sería inhabilitado para todo cargo público por un periodo de tiempo a determinar.

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