El PSOE de Chiclana de la Frontera afirmó hoy estar «muy tranquilo» en relación a la denuncia presentada por el PP local en la Fiscalía contra siete cargos socialistas por presuntas irregularidades urbanísticas entre 2003 y 2007, acusando a los populares de hacer un «uso partidista» del órgano judicial.

En declaraciones a Europa Press, la concejal socialista Manuela Moreno, incluida en la denuncia del PP, consideró que esta actuación es un «ataque a la desesperada» y una «cortina de humo» del PP por los «problemas que están teniendo y las circunstancias a las que están llevando a la localidad», donde gobiernan en cuatripartito con IU, PA y PSA.

Según dijo, los socialistas están «muy tranquilos» porque el tiempo en el que ocuparon el poder estuvieron «gobernando pensando en la ciudad y haciendo actuaciones puramente administrativas». Los que «sí preocupa a los socialistas es el uso partidista que el PP está haciendo de la Fiscalía».

En este sentido, aludió a la denuncia presentada por José Pedro Butrón (IU), actual socio de gobierno del PP, contra el ex alcalde y hoy portavoz del PSOE José María Román, al que acusaba de malversación y prevaricación por haber aceptado supuestamente una parcela embargada, en el que se conoce como el caso 'Coto San José'

En este caso, el Ministerio Fiscal dio la razón al ex alcalde, incluyendo en su informe que lo que movía a los denunciantes eran «intereses espurios», aludió a la «temeridad o mala fe» de los mismos y añadiendo que podrían ser perseguidos «por un presunto delito de denuncia falsa».

Por ello, Moreno aseguró que el PSOE no está «nada preocupado» y, por tanto, «evidentemente nadie va a dimitir en bloque» como solicitó hoy el PP, ya que cuando estuvieron en el gobierno municipal «nos limitamos a hacer actuaciones administrativas».

Según la denuncia presentada hoy en la Fiscalía por el PP, entre 2003 y 2007 se incoaron 1.717 expedientes urbanísticos, aunque se dio orden de pago de 15 y «sólo se cobraron diez», con lo que, según sus cálculos, el municipio dejó de ingresar «unos 100 millones de euros» a causa de este «archivo masivo», con lo que podrían haber incurrido en un delito de «prevaricación por omisión».

Por ello, el PP solicitó responsabilidades políticas y jurídicas contra quienes gobernaban en dicho periodo, los alcaldes Manuel Jiménez Barrios y José María Román; los concejales de Urbanismo, Juan Jesús Jiménez y Joaquín Muriano; así como contra los responsables de Economía y Hacienda, también Joaquín Muriano y Manuela Moreno.