El presidente provincial del PP de Cádiz, José Loaiza, ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, que aproveche su visita a la provincia para asistir a una inauguración, "que es lo que le gusta al Partido Socialista", para que, junto con el secretario provincial del PSOE, Francisco González Cabaña y los responsables socialistas de Chiclana, explique "el motivo por el que el Partido Socialista mantiene como concejal en Chiclana a un edil implicado en un caso de irregularidades urbanísticas".

Así, Loaiza hace referencia al hecho de que, en 1998, "José Luis Ruiz Piñero, concejal socialista, inició unas obras sin licencia, para las que luego la solicitó y se la denegaron porque lo que pedía era más edificalidad de lo que permite la parcela y, aún así, construyó una tercera planta en la vivienda en la que habita".

"Se le abrió un expediente sancionador, se le impuso una multa y se le ordenó el derribo de la tercera planta. No obstante, Ruiz Piñero hizo caso omiso y presentó unas alegaciones que aún no han sido resueltas", afirma.

Con todo, Loaiza apunta que "la última actuación relativa a dicho expediente data del año 2.000, por lo que no está prescrito aunque el PSOE lo guardara en un cajón hasta que el Partido Popular lo ha sacado a la luz".

"Esto demuestra", a su juicio, "que para el Partido Socialista, la legislación urbanística es para que la cumplan otros, y no para sus alcaldes y concejales. Por ello, pedimos a Chaves que dé explicaciones de este caso que viene a corroborar que el Partido Socialista no tiene credibilidad en materia urbanística", declara.

Según los datos a los que ha tenido acceso este Diario, el presunto delito prescribiría a los diez años de haberse tramitado el último expediente, circunstancia que se dio el 17 de enero de 2000, cuando Ruiz Piñero presentó unas alegaciones que finalmente quedaron en el olvido.

Estas alegaciones no tuvieron respuesta alguna por parte del departamento de disciplina urbanística, pero tampoco se cerró el expediente.

La historia de esta presunta irregularidad se remonta al 30 de octubre de 1998, cuando una vecina de la misma calle denuncia las obras realizadas por el edil en su vivienda, "consistente en la edificación de una tercera planta en la azotea del inmueble", al sentirse "privada de luz solar así como de vistas panorámicas".

El 3 de noviembre de 1998, el grupo de inspección urbanística de la Policía Local realiza un acta de inspección, acompañado de fotografías de la vivienda. En las mismas "se observan las obras a medio terminar", según el informe.

Hasta el 15 de junio no se vuelve a actuar, en este caso por parte del inspector técnico de obras del Ayuntamiento, quien certifica que "las obras están completamente terminadas", destacando "la ampliación en planta segunda y el cierre de la terraza existente en planta primera".

El 21 de junio, el delegado de Urbanismo, Juan Luis Belizón, ordena la incoacción de expediente, que se proceda al precinto de las obras y que se de cuenta de las actuaciones a esa Delegación. Todos los detalles quedan recogidos en el decreto de Alcaldía de ese mismo 21 de junio, que firman el propio alcalde, Manuel Jiménez Barrios, y el secretario.

En dicho decreto, además, se requiere al propietario (Ruiz Piñero) para que solicite licencia de obras, por carecer de ella, además de brindársele la oportunidad para que pudiera presentar alegaciones.

El 25 de octubre de 1999, el arquitecto municipal realiza un informe sobre la infracción urbanística, lo que se traduce el 14 de diciembre en una propuesta de sanción por importe de 120.736 pesetas (por entonces moneda en curso), además del derribo de la edificación ilegal.

Esa propuesta de disciplina urbanística, que se hace efectiva el 17 de diciembre, tiene registro de salida el 20 de diciembre, pero no se le notifica al presunto infractor hasta el 11 de enero. En la misma se le otorga un plazo de 15 días para que presente alegaciones. Ruiz Piñero lo hace dos días después. Desde entonces, nada más se supo. Ni hubo respuesta, ni se cerró el expediente.