El PP de Chiclana de la Frontera presentó hoy una denuncia en la Fiscalía contra siete cargos socialistas por las presuntas irregularidades urbanísticas cometidas en el municipio entre 2003 y 2006, cuando bajo el gobierno socialista se incoaron 1.717 expedientes por sanciones urbanísticas y «sólo se cobraron diez».

En rueda de prensa, la concejal del PP de Chiclana Teresa Ruiz Sillero explicó que en el mandato anterior se incoaron, concretamente, 399 expedientes en 2003, 428 en 2004, 435 en 2005 y 455 en 2006. Sin embargo, se produjo un «archivo masivo» de los expedientes puesto que «sólo se dio orden de cobro de 15 expedientes» y, finalmente, «únicamente se cobraron diez».

El secretario general del PP, Daniel Nieto, comparó estos datos con los del Ayuntamiento de Estepona (Málaga), donde «los expedientes que se incoaron y no se cobraron ascendían a 1.500, menos que en Chiclana», lo que pone de manifiesto la «gravedad del asunto».

Según indicó, este periodo afecta a los alcaldes socialistas Manuel Jiménez Barrios y Rafael Román, así como a los concejales que ostentaron las concejalías de Urbanismo y Hacienda. Asimismo, consideró que el PSOE es «promotor del caos urbanístico de Chiclana», con 30.000 viviendas ilegales por el «efecto llamada» generado por la «impunidad urbanística» y añadió que el PP considera que podrían haber incurrido en un delito de «prevaricación por omisión».

Asimismo, señaló que van a solicitar la información correspondiente a la fecha comprendida entre 1999 y 2002 para analizar «dónde está el origen» de esta práctica y agregó que presentarán una serie de iniciativas parlamentarias para conocer «el papel de la Junta de Andalucía» durante estos años, en los que «guardó silencio» y «amparó por omisión esta situación escandalosa».

100 MILLONES DE EUROS MENOS

Por otro lado, Ruiz Sillero destacó que la denuncia insta a la posibilidad de elevar el asunto al Tribunal de Cuentas por el perjuicio contable de esta actuación, que estimó en «100 millones de euros o más» que el Ayuntamiento dejó de ingresar en sus arcas.

En este sentido, explicó que una sanción urbanística «ínfima» sería de 6.000 euros, aunque hay sanciones que «oscilan entre los 20.000 euros y los 60.000 o más», por lo que estimaron que la cifra ascendería a unos 100 millones.

Ruiz Sillero especificó que, por ello, pedirán responsabilidades políticas y jurídicas contra quienes gobernaban en dicho periodo, los alcaldes Manuel Jiménez Barrios y José María Román; los concejales de Urbanismo, Juan Jesús Jiménez y Joaquín Muriano; así como contra los responsables de Economía y Hacienda, también Joaquín Muriano y Manuela Moreno.

Por su parte, el presidente del PP de Chiclana, Nicolás Aragón, reclamó la «dimisión en bloque» del PSOE en la localidad y consideró que «por honradez y ética», el Comité del PSOE del municipio «se tiene que disolver». Asimismo, indicó que pedirán responsabilidades políticas para estas siete personas y que llegarán «a las instancias que sean necesarias, incluyendo la Junta de Andalucía».

Los populares recalcaron que tuvieron acceso a esta información por una sentencia judicial del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 12 de diciembre de 2007, tras las «continuas negativas» del PSOE de facilitar dichos datos al PP cuando estaba en la oposición.

Finalmente, reseñaron que el pasado 22 de julio presentaron otra denuncia en la Fiscalía referida al archivo del expediente sancionador urbanístico abierto en 1998 a José luis Ruiz Piñero, concejal del PSOE por ampliar en una tercera planta su vivienda.

Según dijo, se le incoó un expediente que obligaba a la demolición e imponía una sanción económica. Sin embargo, el alcalde Jiménez Barrios y el concejal de Urbanismo de entonces, Juan Luis Belizón, «archivaron el expediente». Por ello, el PP de Chiclana denunció estos hechos por la posible comisión de «un delito de prevaricación o tráfico de influencias».