El Partido Popular de Chiclana, a través de su portavoz, Andrés Núñez, ha abordado "una situación que nos ha alarmado enormemente, y es la contratación irregular de unos servicios vinculados a la municipalización", ha manifestado.

Núñez destaca que "es un tema complejo, pero en definitiva, se resume en que el contrato del servicio de ayuda a domicilio finalizó en el mes de enero, y desde entonces el Gobierno local de PSOE y Ganemos lo ha adjudicado a dedo, sin la licitación pública requerida para las cantidades de dinero público que se manejan". Además, indica que "con respecto al servicio de limpieza de edificios públicos cabe destacar que acaba el 30 de abril, con lo que desde comienzos de mayo puede darse también esta misma situación".

El presidente de los populares subraya que "para el encargo de estos servicios, por las cuantías de los mismos, se está obligado a sacarlos a concurso público, con libre concurrencia, para que cualquier empresa pueda optar a su explotación, y esto no se ha hecho. Por lo tanto, estamos hablando de que el servicio de ayuda a domicilio desde enero y el de limpieza de edificios públicos a partir de mayo, si no atienden a lo que hoy denunciamos, estarán en un situación de ilegalidad".

En este contexto, el edil popular resalta que "hay que preguntarse quién es la persona responsable que ha autorizado la contratación de estos servicios, porque no vale decir que hay un proceso de municipalización abierto". En este sentido, manifiesta que "el PSOE, sabiendo de la complejidad, si es que llega a buen fin, del proceso de municipalización denunció los contratos, aún siendo conscientes de que no le daba tiempo ya que son servicios que hay que seguir prestando, por lo que puede decirse claramente que el servicio de ayuda a domicilio lleva tres meses adjudicado a dedo, y desde el comienzo de mayo ocurrirá lo mismo con el de limpieza de edificios públicos".

Desde el PP se indica que "el proceso de municipallización está recurrido por nuestra parte, y no se puede o no se debe subrogar o contratarse a las trabajadoras hasta que no se resuelva dicho recurso, porque si se estima, luego habría que despedir a todas las trabajadoras, con las consecuencias que ello conllevarían".

De esta manera, para Andrés Núñez, "el proceso de municipalización se le ha ido de las manos al PSOE. Desde el primer día estamos diciendo que este proceso es un brindis al sol del Partido Socialista y esperamos que todo esto no acabe con consecuencias legales para el Gobierno municipal. Entendemos que los técnicos municipales no van a amparar las contrataciones ilegales que a día de hoy se están produciendo, porque esas facturas no pueden tener visto su bueno, al no haberse abierto un proceso de licitación para la contratación de estos servicios".

En esta misma línea, desde el PP se destaca que en el caso de ayuda a domicilio se trata de un servicio que depende de la Delegación de Servicios Sociales, "de quien es delegado Francisco Salado, pero es que, además, el delegado de Contratación, Joaquín Guerrero Bey, no ha hecho nada para que se contrate correctamente el servicio, permitiendo que se haya adjudicado a dedo".

El Grupo Municipal Popular presentó el 18 de abril por Registro una petición de información relativa a las facturas y los informes correspondientes. "Hablamos de un contrato en ayuda a domicilio que de alrededor de un millón de euros anuales, por lo que al mes ronda los 80.000 euros, por lo que estaría cinco veces por encima del límite legal. Es una auténtica barbaridad. Y en el caso de limpieza de edificios públicos podría ser del doble del máximo legal permitido".

Por otra parte, el portavoz del PP afirma que "en el caso abordado no puede contratarse por el recurso realizado por el PP al proceso de municipalización, sin olvidar que hay un informe que dice que el Ayuntamiento no puede contratar a nadie por la tasa de reposición". Así, reseña que "en un pleno de febrero o marzo de 2016 dije que el secretario del Ayuntamiento ya indicaba que la empresa pública Emsisa no podía contratar, por la tasa de reposición de efectivos. Ya en los Presupuestos Generales del Estado de 2016 se hablaba de esta cuestión, y los de 2017 lo que hacen es dar más detalles. Ahora ha llamado la atención de la gente, pero ya lo dijimos desde el Partido Popular hace más de un año. Por tanto, Carmen Jiménez tiene esto sobre la mesa y el único informe que tiene le dice que no puede subrogar".

Núñez concluye que "la delegada municipal y responsable de Emsisa, Carmen Jiménez, tiene ahora que decidir si firma y asume de manera individual la contratación de 160 personas en el Ayuntamiento, máxime cuando el único informe que tiene es en contra y le dice que no es legal".