La Fiscalía observa indicios de delito en el 'caso Coto San José'

  • El Juez Instructor ha dictado auto incoando un procedimiento penal, lo que podría derivar en una acusación formal contra los que aceptaron la cesión de la parcela

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La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz ha observado indicios de delito en el denominado 'caso Coto San José', lo que ha llevado al Juez Instructor a dictar un auto incoando un procedimiento penal que podría derivar en una acusación formal contra algunos de los intervinientes en el proceso de la cesión y aceptación, como libre de cargas, de una parcela de 103.000 metros cuadrados, sobre la que recaían hasta seis embargos, según figuraba en el Registro de la Propiedad.

La cesión de dicha parcela, libre de cargas, figuraba como requisito para el desarrollo del convenio urbanístico de esta zona. En este sentido, cabe recordar que el convenio de Coto San José II-B no ha sido ni tan siquiera aprobado aún, a pesar de que el mismo llegó a formar parte del orden del día de un Pleno de principios de año, mientras que el II-A se ha visto afectado ahora directamente, tal y como ya informamos en nuestra edición del pasado lunes, al no poder llevarse a cabo la entrega de cientos de viviendas ya terminadas.

Esta paralización, que impide la firma de las escrituras de las casas, se produce como consecuencia de la instalación, sin autorización alguna, del tendido aéreo en la parcela embargada, lo que impide que las viviendas cuenten con luz, requisito imprescindible para que el Ayuntamiento pueda otorgar la licencia de primera ocupación.

La remisión al Juzgado chiclanero del auto incoando un procedimiento penal desmonta la teoría que hasta la fecha había venido manteniendo el anterior equipo de gobierno socialista. Al respecto, el PSOE sostenía que la Fiscalía había remitido al Juzgado la denuncia formulada por el actual delegado municipal de Urbanismo, José Pedro Butrón, por haber transcurrido el plazo de seis meses fijado en el estatuto fiscal. Sin embargo, y según ha podido saber este Diario, la citada remisión del auto está motivada por la existencia de indicios de delito, lo que conllevará la obligada apertura de investigaciones judiciales.

Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Cádiz ya falló en una ocasión anterior a favor de Cortega, empresa que ya ha solicitado la pública subasta de la parcela objeto de la polémica, desautorizando al mismo tiempo la actuación municipal. La citada sentencia asume los argumentos que en su día expuso el letrado de la empresa, José Antonio Gamero, y en los que sostenía que "lo que se debía tomar en cuenta a los efectos del embargo no era la fecha de su inscripción en el Registro de la Propiedad sino la fecha en que tuvo su entrada o presentación".

En este sentido, cabe recordar que la diligencia de embargo contra dicha parcela, propiedad por entonces de J&P Hogar, fue dictada el 8 de julio de 2004 e inscrita en el Registro cinco días después.

Dicha finca estaba vinculada a un convenio suscrito por Jiménez Barrios, en el que se contemplaba que la misma debía ser cedida al Ayuntamiento libre de cargas. Sin embargo, la cesión no se produjo hasta el 30 de agosto de 2004, cuando el entonces alcalde accidental, Juan Jesús Jiménez, a su vez delegado de Urbanismo, firma un decreto de Alcaldía aceptándola. En aquellas fechas, siendo alcalde José María Román, el Registro ya contemplaba el embargo de esta parcela por parte de Cortega. Pese a ello, el citado decreto de Alcaldía aseguraba que la Gerencia de Urbanismo había comprobado que la misma estaba libre de cargas.

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